La Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la juez de Instrucción número 3 que declare de especial complejidad la investigación en torno a la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Las fuentes han indicado que, tras la petición de la juez para que se pronunciara sobre dicho extremo, el Ministerio Público ha elevado un escrito al Juzgado en el que le solicita que declare compleja la causa, lo que le permitiría disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
Sobre este extremo también se ha pronunciado Emerita Resources España, que fue la empresa que denunció los hechos tras perder el concurso y que, al igual que la Fiscalía de Sevilla, se ha mostrado "conforme" con la declaración de complejidad de la causa.
De otro lado, la juez también solicitó a la Fiscalía y a las acusaciones personadas --Emerita, Ecologistas en Acción y el sindicato Manos Limpias-- que se pronunciaran "sobre los extremos sobre los cuales se proponga la citación como investigados" de seis miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación que participó en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
En este sentido, Emerita ha reclamado a la instructora que cite a declarar como investigados a los seis miembros de la Comisión Técnica de la Mesa de Contratación por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal, ya que dicha Comisión Técnica "tomó sus decisiones por unanimidad, estando de acuerdo todos los miembros de la misma".
"CONCURSO DE VOLUNTADES"
A su juicio, "resulta evidente que si se entiende que las decisiones de la Mesa pudieran ser constitutivas de delito, tal delito surge de un concurso de voluntades en el que intervinieron todos sus integrantes", tal y como adelanta en su edición de este martes el diario 'El Mundo'.
De igual modo, el abogado de Emerita reclama a la juez que amplíe las imputaciones a la actual viceconsejera de Innovación y exdirectora general de Minas, María José Asensio, y al resto de investigados en la causa con otros cuatro delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal.
Emerita también solicita que, en el caso de María José Asensio y de varios investigados más, se amplíe su imputación por delitos de falsedad, encubrimiento y falso testimonio, mientras que también pide a la juez que cite como imputados por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes de Minorbis.
IMPUTACIONES
Según agrega, ambos hermanos "eran conscientes de que el procedimiento de adjudicación de los recursos mineros no iba a ser limpio, y por ello, incluso antes de comenzar la licitación, se reunieron con representantes de Emérita Resources para advertirles que ellos tenían la llave del concurso, produciéndose inmediatamente de esa reunión, la llamada de Vicente Cecilio Fernández, como habían anunciado que sucedería".
Por último, Emerita reclama la imputación del exsecretario general de Innovación, Industria y Energía Vicente Cecilio Fernández por los delitos de falsedad, encubrimiento, falso testimonio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal, al considerar que emitió y firmó el informe de la Dirección General de Industria Energía y Minas presentado el 27 de agosto, "donde afirma que el licitador y adjudicatario es Minorbis (sin nombrar a Grupo México como licitadora, abundando en la evidente falsedad), y además reconoce que Minera los Frailes es una entidad diferente".