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Torremolinos

Regulación de precios de uso y servicios del Palacio de Congresos

La norma viene a subsanar la inexistencia de unas tarifas oficiales, extremo que reveló la auditoría externa encargada por el Ayuntamiento de Torremolinos

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  • Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos pasará a partir de ahora a disponer una ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios y uso de estas instalaciones, obligación legal que se incumplió según reveló una auditoría externa dada a conocer el pasado abril. El documento, aprobado en Junta de Gobierno pública del Ayuntamiento de Torremolinos, establece los precios de alquiler de las salas-auditorios, salas de comisiones y el conjunto de dependencias y oficinas del recinto. De esta manera, la actividad del palacio “continúa con su actividad normal pero con toda las garantías legales que le corresponden”, ha asegurado la concejala de Administración Pública, Carmen García.

El pleno municipal de 30 marzo acordó la disolución de la sociedad mercantil gestora del Palacio de Congresos de la Costa del Sol S.A, capitalizada por el propio Ayuntamiento, y asumir la gestión directa de esta instalación. El acuerdo ratificó la resolución previa adoptada en este mismo sentido por la Junta General, en octubre de 2016, para dar cumplimiento al requerimiento de 22 de julio del Ministerio de Hacienda que ordenaba la disolución de la sociedad por pérdidas en sus cuentas de 2013 y 2014 por unos importes de 18.803 y 4.620 euros, respectivamente.

Una auditoría externa encargada para llevar adelante la liquidación de la sociedad puso de manifiesto distintos incumplimientos, deficiencias, debilidades y falta de control interno de gastos e ingresos en la gestión del palacio. En el informe, y entre otros apartados, señaló la ausencia de registro de ventas y tarifas aprobadas por el Consejo de Administración, la cesión gratuita de locales a terceros y la aplicación de tarifas a los arrendatarios de instalaciones distintas a las publicadas en la página web.

Definición de los precios

La nueva ordenanza ya define los precios públicos que regirán desde este momento el uso de las instalaciones. Para las salas-auditorio se establece unos precios que oscilan desde los 1.900 euros diarios por el uso de la Sala Torremolinos (antes Málaga), de 817 plazas de capacidad, hasta los 300 euros por uso de la Sala Manantiales (con capacidad para 26 a 90 personas). 

Para los hall de exposiciones, y según se trate del uso de uno o de los dos simultáneamente y la actividad concreta se establecen unos precios que van desde los 7.500 euros a los 1.000 euros diarios. 

La norma también regula los precios públicos de alquiler de suelo y montaje de stands para exposiciones comerciales, tanto si el servicio es prestado directamente por el Palacio de Congresos como si lo es de forma externa por el cliente mediante contratación de terceras empresas. Igualmente se definen los precios de contratación de los servicios de traducción simultánea, mobiliario, material eléctrico, servicios de telecomunicaciones, entre otros.

Descuentos por repercusión para la localidad

La ordenanza prevé una regulación de la posible aplicación de descuentos a actividades que “por motivos turísticos, culturales, sociales o de cualquiera otra índole tenga un notable retorno en la ocupación hotelera y visibilidad o promoción de la ciudad de Torremolinos”. La aplicación de este descuento, que podrá ser de hasta el 75 por ciento del precio tarifado, será “competencia exclusiva del alcalde o concejal en quien delegue, previo informe de la concejalía de Hacienda”, concreta el documento.

Las tarifas de alquiler de oficinas, uno de los aspectos más controvertidos puestos de manifiesto en la auditoría externa por la arbitrariedad que regía en la gestión del recinto, quedan establecidos en un rango de 150 euros mensuales para las oficinas menores de 0 a 10 metros cuadrados, 240 euros para oficinas entre 11 y 20 metros cuadrados (la superficie media), y a partir de ahí se utiliza un baremo de 12, 9, 6 y 5 euros mensuales por metro cuadrado para oficinas con superficie superior a los 21 metros cuadrados.

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