Con motivo de la Oferta Pública de Empleo de 2015, ya escribí un artículo similar a éste y, tristemente, con la de 2017 tengo que volver a hacerlo, referido a la cobertura de plazas de funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional, que aunque no somos muy conocidos sin embargo somos los encargados nada menos que de ejercer los controles internos en la Administración Local al tener encomendado el asesoramiento legal, el control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la contabilidad, tesorería y recaudación.
Estos funcionarios, aunque prestamos servicios en Ayuntamientos y Diputaciones, no formamos parte de sus plantillas sino que estamos adscritos al Estado con el supuesto objeto de reforzar nuestra independencia con respecto a las Entidades Locales en las que prestamos servicios. Pero esto es más literatura que realidad, porque se sigue manteniendo nuestra dependencia económica de las Corporaciones Locales en las que estamos destinados, e incluso intervienen en nuestros nombramientos, sobre todo en los municipios de más de 75.000 habitantes, donde no se ha suprimido el sistema de libre designación, con lo que el ataque a la independencia no puede ser más completo: dependencia económica y dependencia, incluso, a la opción al propio puesto de trabajo.
Después de que desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública se dijese hasta la saciedad que se iban a reforzar los controles municipales reforzando nuestra independencia, sobre todo en la función interventora así como en la de tesorería, haciendo obligatorio que exista un funcionario que se encargue de ella en todos los Ayuntamientos, olvidándose de que en la mayoría, por su reducido tamaño y presupuesto, no pueden pagarlo, la respuesta del ministro Montoro, al igual que hace 2 años, ha sido la inclusión en la Oferta Pública de Empleo para 2017 otra vez de un número absolutamente insuficiente de plazas para cubrir no sólo las vacantes que existen sino también esos nuevos puestos de tesorerías.
Actualmente hay un importante número de vacantes que están cubiertas por funcionarios, y en ocasiones por personal laboral, que no tienen ni la formación ni la habilitación, y aunque en muchos casos lo hacen de buena fe para evitar perjuicios a sus Ayuntamientos, en otros hay una auténtica connivencia entre quienes ocupan la plaza y los respectivos alcaldes. ¿Alguien se imagina a un ATS ejerciendo de médico, por muy buena voluntad que le ponga, o que se prefiriese que el puesto lo ocupase un ATS en lugar de un médico? Pues eso es lo que está pasando hoy en día en nuestros Ayuntamientos.
Lo triste es que lo que acaba de hacer el Ministerio no es por razones económicas, ya que cubrir todas las vacantes no supondría aumento alguno del gasto público. En primer lugar no debería preocuparle, porque a ninguno de estos funcionarios les paga el Estado sino sus respectivos Ayuntamientos, pero es que quienes están ocupando las plazas irregularmente ya cobran por ello, por lo que cubrirlas con el funcionario a quien le corresponde no aumentaría el gasto.
Y allí donde deliberadamente se mantienen los puestos vacantes no es que haya un ahorro sino que se están gastando el dinero en otras cosas en lugar de en aquellos que tienen encomendado legalmente el control interno del Ayuntamiento. Por algo será. Pero es que la falta de compromiso del Ministerio, incluso con su palabra dada, por la reincidencia en su comportamiento le convierte en cooperador necesario de esta situación nada edificante.
La esencia de la democracia no es que cada quien haga lo que le da la gana, sino que se cumplan las normas que permitan poder hacer lo que queramos respetando los derechos de los demás. Es precisamente ese respeto a las normas lo que garantiza nuestra igualdad. Y el aval de dicho cumplimiento es la existencia de controles y de los funcionarios encargados de ejercerlos, por lo que mantener la actual situación no le beneficia a nadie. ¿O sí?
