La Guardia Civil ha acusado al director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, de montar "contravigilancias" para "blindar" a los miembros de la Generalitat y a los organizadores del referéndum del 1 de octubre a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional. También se acredita que los organizadores de la consulta disponían de "un sistema de información para organizar la resistencia" en la calle.
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido a la Audiencia Nacional figuran numerosas conversaciones telefónicas autorizadas por el Juzgado 13 de Barcelona. En una de ellas, el 29 de septiembre, el director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias, le dice a Pere Soler (fue nombrado director de los Mossos el pasado 18 de julio) que "necesita estar tranquilo en su despacho, su coche y su casa".
El máximo responsable político de la policía autonómica le contesta que "ha aumentado la contravigilancia a los que han estado expuestos".
"Como se observa", advierte la Guardia Civil, "la Generalitat utiliza a su policía autonómica para realizar funciones de protección y seguridad de sus miembros, no contra acciones de terceros que puedan infringir la ley para tratar de perjudicarles, sino contra la actuación de un juez o de una investigación policial".
"Es obvio", añade el instituto armado, "que las órdenes para el cumplimiento de los requerimientos se transmiten a través del jefe policial, Josep Lluís Trapero". En el intento de "blindar a los miembros del Gobierno catalán", la Guardia Civil destaca que los investigados el 20 de septiembre por el Juzgado 13 de Barcelona utilizaron precauciones y sistemas de contravigilancia "propios del comportamiento de delincuencia organizada".
Para ello, usaron sistemas de mensajería que no son susceptibles de intervención y recurriendo a "diálogos prácticamente surrealistas" para dificultar la labor policial. "Demuestra un grado de conocimiento de las técnicas policiales de investigación", apunta el instituto armado.
La Guardia Civil ha acusado a los organizadores del 1-O de "montar un sistema de información" que cubría los movimientos que realizaban tanto el instituto armado como la Policía Nacional para que los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre que se encontraban en cada colegio organizaran la "resistencia adecuada para evitar la entrada en el mismo y que pudieran intervenir las urnas".
Para ello, "en ocasiones se montaron barricadas y en otras colocaron a ancianos y a niños en primera línea para disuadir a los agentes", según el atestado de la Guardia Civil enviado a la Audiencia Nacional en la causa en la que se investiga por sedición al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cruixart.
Tras la autorización del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, la Guardia Civil ha enviado a la Audiencia Nacional las intervenciones telefónicas de seis altos cargos a los que se sitúa en el entramado de la organización del referéndum del 1-O.
Estos altos cargos son: el exsenador de ERC Santiago Vidal; el director del Instituto de Estudios de Autogobierno de la Consejería de Presidencia, Carles Vivier Pi-Sunyer; el secretario general de la Vicepresidencia de Economía, Josep María Jove; el director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias; la directora de Servicios de Economía, Natalia Garriga; el técnico en Tecnologías de la Comunicación Joan Manel Gómez; y el responsable de la Fundación Puntcat, Josep Masoliver Puig.
CONNIVENCIA ENTRE MOSSOS Y ALTOS CARGOS
A los agentes de Policía Judicial les llama la atención la actitud de los Mossos d'Esquadra y su connivencia, de acuerdo a las intervenciones telefónicas, con los altos cargos detenidos el día 20 por orden del Juzgado 13 de Barcelona. De esto da cuenta el técnico Joan Manel Gómez cuando por teléfono cuando revela que, estando en los calabozos, "el cabo jefe de la sección" le transmitió su "apoyo y lo que sea". "Mucha fuerza y muchas gracias por lo que estáis haciendo, fuerza, fuerza", le dijo el policía durante su arresto.
El alto cargo de la Consejería de Presidencia Carles Vivier Pi-Sunyer explica en otra conversación intervenida por la Guardia Civil que Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, juega un papel relevante en las movilizaciones. "Tiene la suficiente autoridad para decidir cuándo se debían de celebrar las manifestaciones y cuándo no en función de las prioridades o ventajas que la situación les marque".
Las intervenciones telefónicas acreditan que los organizadores del referéndum tenían el "total convencimiento que fue la presión popular" el día 20, cuando los registros en varias consejerías, "la que impidió que las detenciones llegasen hasta el presidente Puigdemont o el vicepresidente Junqueras, y que los agentes habían valorado que si las realizaban podían tener un problema". También constatan que ven improbable mantener el "control que ejercen de la ciudadanía" hasta el 1-O.
En otro momento del atestado, es la mujer de Josep María Jove, el que fuera número dos de Oriol Junqueras, el que transmite a su marido que "un tal César" le había enviado un mensaje por si tenía que reunirse "con el mayor", en referencia al jefe de los Mossos, Josep María Trapero.
