El Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG) se ha felicitado este jueves por haber propiciado, a su juicio, con "nuestra gestión" que no se firmase el convenio para la obra, previsto inicialmente para unos tres millones de euros, de remodelación de la antigua Casa Consistorial de San Roquie, con Tragsa, empresa instrumental del Ministerio de Medio Ambiente, lo que, aseguran, ha supuesto un ahorro de aproximadamente un millón de euros.
Ahorro que, según afirma el partido liderado por Jesús Mayoral, podría haber sido aún mayor, de mantenerse la adjudicación en los términos en que se acordó el pasado mes de diciembre. Sin embargo, resalta el portavoz del PIVG, "ha pasado la adjudicación de la contratación por cuestiones que desconocemos ya que no informan de nada, a la siguiente empresa de la mejor oferta y el ahorro será algo inferior,muy cercano al millón de euros, pero Ruiz Boix y su equipo de propaganda no han dado publicidad a esta contratación".
Recuerdan que, "con nuestra gestión logramos que no se firmase el convenio y se revocase el acuerdo plenario con lo que forzamos que saliese a concurso público". Añaden que el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y "su equipo de propaganda" no han dado "publicidad" a esta contratación. "Desde el PIVG nos alegramos, que, con nuestra actuación desde la oposición se haya logrado parar el disparate de firmar ese convenio ruinoso o ve tú a saber qué y que se pueda destinar todo ese ahorro de casi un millón de euros a realizar más inversiones para el municipio", dijeron.
Desde el PIVG afirman que "siempre hemos defendido como forma general la contratación de libre concurso porque responde a una publicación y la libre concurrencia de todas las empresas que se quieran presentar, este procedimiento fue uno de los principales para ahorrar dinero al ayuntamiento y la media de nuestra experiencia se encuentra entre un 25 y un 30%" .
Nueva legislación
En la nueva ley de contratos del sector público aprobada el 8 de noviembre, transponiendo en el ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento europeo y del Consejo de febrero de 2014, de alguna forma viene a dotar de mayor transparencia en la contratación del sector público, tapando alguno de los agujeros que tanta corrupción ha llevado al sector público español y sobre todo en el entorno de autonomías y ayuntamientos.
"La transparencia no es lo que practica el actual equipo de gobierno de San Roque presidido por el alcalde Ruiz Boix, ahora que con su mayoría absoluta dispone de un gobierno monocolor y sin necesidad de pactos con otros partidos como en el mandato anterior, que obligaban a que hubiese una mayor transparencia", comentan desde el PIVG.
Para el grupo político, "tal es así que aun sabiendo desde el 9 de noviembre que salió publicada la nueva Ley, aunque con fecha de entrada en vigor a los cuatro meses, mañana 9 de marzo, no solo ha seguido haciendo contrataciones por procedimientos que se restringen como es “negociado sin publicidad”, sino que desde esa fecha de momento hasta el 28 de febrero, por lo que hemos visto en los decretos de contratación, viendo las restricciones de la nueva ley han incrementado este tipo de procedimientos".
También aplauden "que la nueva Ley no permite que los políticos y personal eventual (asesores a dedo del partido), sean miembros de la Mesa de Contratación".
