El diseño y aprobación de unos presupuestos es el máximo exponente de la autonomía de una administración. Sin embargo, el Ayuntamiento de Huelva tiene capada esta capacidad desde que en 2014 el pleno aprobara, sólo con los votos del PP, adherirse al plan de rescate del Ministerio de Economía y Hacienda. Desde entonces, cada presupuesto que se ha sacado adelante en el Consistorio ha estado tutelado por el Gobierno.
Aunque ya no estamos sujetos al control del Ministerio y no necesitamos su autorización, tenemos que ver las consecuencias de las medidas que se adoptaron para no provocar daños a tercerosNo obstante, la situación podría variar en breve. Esa es una de las aspiraciones del alcalde Gabriel Cruz y su equipo de Gobierno, que se han embarcado en un proceso para lograr esa autonomía financiera que podría llegar pronto a su fin.
La clave de todo, el reciente dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, de 21 de marzo, del que Cruz ha dado cuenta este lunes en rueda de prensa y que Viva Huelva ha consultado. En sus conclusiones -son vinculantes-, de un lado reitera su dictamen desfavorable, en base a los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento en un primer momento, sobre declarar nulo el acuerdo plenario de 2014 para acogerse al plan de rescate del Gobierno (Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contar la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros).
En cambio, el Consultivo cree que la decisión de ese pleno si es “susceptible de revocación” por dos razones básicas que expone en los fundamentos jurídicos del dictamen: la propuesta que se llevó a pleno afecta directamente a la autonomía local y el Ayuntamiento no cumplía los requisitos para acogerse al plan del Gobierno, que contempló una inclusión “excepcional”, de modo que “el acuerdo del pleno se adopta careciendo de un requisito esencial en la medida en que no cuenta con respaldo legal”.
Este dictamen revela también el as en la manga que tenía guardado el equipo de Gobierno en su segunda petición de dictamen, toda vez que el primer intento no fue favorable. En esta ocasión, presentó al órgano andaluz un elemento clave en esta resolución final: “Se ocultó al pleno un informe del Interventor en el que se concluía que el Ayuntamiento no cumplía el requisito subjetivo exigido por el Real Decreto Ley referido al ahorro neto”. Los concejales tuvieron conocimiento relativo de esta ilegalidad en el pleno de la polémica de 2014, porque allí se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Empleo, Desarrollo Sostenible y Administración Pública, que exponía que “de manera excepcional, puesto que el Ayuntamiento de Huelva no se encuentra en ninguna de las situaciones de necesidad financiera que recoge el citado Real Decreto Ley, el Ministerio de Hacienda y Administración Pública ha accedido a su inclusión dentro de los posibles beneficiarios de las medidas”.
Vicio de legalidad
Sin embargo, entiende el Consejo Consultivo de Andalucía que este conocimiento de los concejales “no sana el grave vicio de legalidad”, de modo que “el Ayuntamiento de Huelva habría sido incluido, improcedentemente, en el listado de municipios” que podían acogerse al plan de rescate. En resumen, “la infracción manifiesta de lo dispuesto en el Real Decreto Ley, con menoscabo para la autonomía financiera municipal, es título suficiente para la revocación del acto por motivos de legalidad”, y es que “ni el Ministerio podía acodar la concesión excepcional de las medidas extraordinarias a favor de los municipios que no cumplieran los requisitos, ni el Ayuntamiento de Huelva podía acogerse a las mismas y asumir nuevos compromisos limitativos de su autonomía financiera en futuros ejercicios, cosa que hizo en una reñida votación”.
Pasos a seguir
El Consultivo es claro al respecto, sin embargo se refiere siempre al acuerdo plenario, e insiste en que “el Ayuntamiento carece de competencia para revisar de oficio un acto ministerial”. De modo que, como ha adelantado el alcalde en rueda de prensa, toca sentarse con el Ministerio para ver cómo se arregla este embrollo.
Así, van a solicitar una reunión al Ministerio de Economía y Hacienda “para abordar la forma en que vamos a gestionar esta situación desde el respeto a la autonomía financiera del Ayuntamiento pero sin perjudicar a terceros, habida cuenta de los compromisos que se derivaron de las condiciones del plan de rescate”. Para ello, explica, “es necesario establecer un marco de orden, seguridad y estabilidad. Aunque ya no estamos sujetos al control del Ministerio y no necesitamos su autorización para elaborar nuestros presupuestos, tenemos que ver las consecuencias de las medidas que se adoptaron para no provocar daños a terceros”.
Pero antes el regidor convocará en los próximos días un pleno extraordinario, proponiendo el archivo del expediente de nulidad “y dejando expedita la vía para poder presentar a la mayor brevedad los presupuestos municipales de 2018”. Y una vez que se logre un acuerdo con Madrid, el tercer peldaño en este recorrido es la convocatoria de otro pleno extraordinario para aprobar inicialmente unos presupuestos en los que llevan trabajando desde hace tiempo.
