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Málaga

Piden seis años de cárcel para un exedil del GIL Marbella

El exconcejal de Marbella está acusado de prevaricación administrativa, tentativa de malversación de caudales públicos y fraude en contratación de 18 obras

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  • CIUDAD DE LA JUSTICIA. -
  • Vicente Manciles también se enfrenta a 27 años de inhabilitación

El exedil del Grupo Independiente Liberal (GIL), Vicente Manciles, se enfrenta a una petición fiscal de 6 años y seis meses de prisión y 27 de inhabilitación por prevaricación administrativa, tentativa de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación de 18 obras en Marbella.

El juicio está previsto que se celebre esta semana en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados también está previsto que se siente, acusado por los mismos delitos, Antonio Torres, por su etapa de gerente de una sociedad municipal de Marbella, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

Los acusados presuntamente llegaron un acuerdo con un tercero, ya fallecido, para la adjudicación directa de obras municipales a una mercantil “en claro perjuicio para los intereses patrimoniales del municipio de Marbella y con el fin último de obtener un beneficio patrimonial ilegítimo a costa del patrimonio municipal”.

Con este objetivo, los procesados supuestamente crearon deliberadamente una situación jurídica-fáctica adecuada y eficaz para ocasionar un grave perjuicio al erario público municipal. Así, las obras públicas se adjudicaron, iniciaron y ejecutaron con graves quebrantos legales y que “garantizaban la más amplia arbitrariedad y opacidad de los supuestos trabajos y de la facturación de los mismos”.

En el marco del concierto descrito, los acusados adjudicaron a dicha empresa un total de 18 obras entre 2004 a 2006 por un montante total de 993.000 euros con un sobrecoste en las facturación de un 20 por ciento, aproximadamente, en la mayoría de ellas.

Las obras adjudicadas no cumplían con los requisitos legales, no se respetaban los principios de concurrencia, etc. Las obras se realizaron desde en una comunidad de vecinos, a un polideportivo, en la plaza de toros y en un lavadero de vehículos de la Policía local, entre otros, causando un perjuicio de más de 100.000 euros al consistorio.

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