La Audiencia de Granada ha condenado a 22 años y dos meses de prisión al hombre juzgado el pasado junio por un jurado popular y declarado culpable de matar en noviembre de 2016 de un tiro a su pareja en su vivienda de la zona Norte, tras lo que intentó ocultar el crimen depositándola en la calle junto a un contenedor ayudado por otra persona.
Concretamente, el acusado ha sido condenado a 21 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, con la agravante de parentesco; y a un año y dos meses de prisión por otro delito de tenencia ilícita de armas, ya que no tenía licencia para usar el arma con la que acabó con la vida de su pareja, Sara C.
Sergio R.A. también deberá indemnizar con 50.000 euros a cada uno de los tres hijos menores que ha dejado la víctima de una relación anterior, según consta en la sentencia, dictada el pasado 12 de julio y a la que ha tenido acceso Europa Press.
El asesinato se produjo en la noche del pasado 28 de noviembre de 2016, cuando la víctima y el agresor se encontraban a solas en la vivienda y él sacó un arma corta con la que disparó a Sara, que tenía 35 años entonces. Ella se encontraba tumbada, bien en la cama del dormitorio o bien en un sofá, pero en todo caso no pudo protegerse o esquivar la trayectoria de la bala, según considera probado el tribunal.
Seguidamente decidió llamar a un amigo y ambos convinieron en bajar a la víctima, aún con vida, a la calle para aparentar que había recibido un disparo por parte de un desconocido mientras bajaba la basura al contenedor y de esta forma ocultar el crimen. La Audiencia de Granada ha condenado a esta segunda persona a un año y ocho meses de prisión por un delito de encubrimiento.
La mujer falleció al día siguiente tras sufrir un shock hipovolémico del que no pudo recuperarse pese a la intervención médica que le fue dispensada por profesionales sanitarios.
Durante el juicio, el principal acusado negó haber acabado con la vida de su pareja, con la que llevaba unos meses saliendo, y declaró que se la encontró ya malherida cuando bajó a la calle y que no llamó a los servicios sanitarios porque se quedó "bloqueado". En la última sesión del juicio la Fiscalía elevó de 16 a 23 años de cárcel su petición para él, cuya defensa ya avanzó en su momento que recurrirán.