La Brigada de Información de la Policía Nacional ha trasladado un atestado policial al Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla en el que señala la imputación de un grupo de doce taxistas como presuntos autores de un delito electoral relacionado con los incidentes y protestas que causaron la suspensión de un mitin el día 22 de noviembre de la presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, en San Juan de Aznalfarache.
El PSOE denunció ante la Policía Nacional a quienes participaron en la "violenta" protesta de los taxistas el 22 de noviembre en San Juan de Aznalfarache antes del acto de público de Susana Díaz, que obligó a suspender el acto para garantizar la seguridad de los presentes ante los gritos y momentos de tensión que se vivieron y protagonizaron los manifestantes reclamando una solución para el sector del taxi.
Tras la denuncia y el desarrollo de la investigación abierta por los agentes policiales, se ha elaborado un atestado en el que se imputa a doce taxistas, según avanza este viernes Diario de Sevilla. Los investigados fueron interrogados por un delito contemplado en el artículo 147 de la ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.
La investigación de estos hechos, según han informado a Europa Press, fuentes del caso, ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, al que la Policía Nacional ha hecho entrega del atestado en el que se imputa a doce taxistas, algunos de ellos pertenecientes a Solidaridad del Taxi y Unión Sevillana del Taxi, si bien, también hay taxistas de municipios del Aljarafe sevillano.
De otro lado, la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes de Flores, ha dictado una providencia, con fecha 3 de diciembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que, tras recibir copia del atestado policial, solicita al Ministerio Fiscal que informe si procede unir las diligencias abiertas por los altercados en el mitin de Susana Díaz con las que ya instruye ella.
En concreto, la juez Reyes de Flores investiga los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto y en la que imputó a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi como persona jurídica por delitos de "organización delictiva, daños y coacciones".
