El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado la apertura de juicio oral por el procedimiento del tribunal del jurado contra el exalcalde de La Algaba José Luis Vega (IU) y el que fuera edil de Urbanismo Pedro Agüera (PP), por un presunto delito de malversación de caudales públicos merced al destino de 300.000 euros entregados en 2006 por una empresa al Ayuntamiento de dicha localidad, como fianza por una licencia de obras.
En su auto de apertura de juicio oral, fechado el pasado 3 de diciembre de 2018 y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial rememora que allá por 2006, el representante de la promotora Parque La Viña SL entregó 300.000 euros "en metálico" al entonces edil de Urbanismo de La Algaba, el popular Pedro Agüera, como garantía de la licencia de obras solicitada por la empresa para la construcción de 81 naves en el municipio, toda vez que el citado edil "ejercía un control directo de todos los proyectos y promociones atinentes a las competencias de la Delegación de Urbanismo".
Merced a la entrega del dinero, según el auto, fue firmado un recibo con el compromiso expreso de que el dinero fuese reingresado a la empresa "una vez recepcionadas las obras de urbanización" del plan parcial en el que estaban proyectadas las naves.
Pero según el juzgado, "la citada cantidad no fue ingresada (por Agüera) en las armas municipales, no emitiéndose carta de pago por la intervención municipal, ni constando entrada en la cuenta de la tesorería municipal, ni su pago entre las liquidaciones del expediente 120/2006 de licencia urbanística".
Además, el auto expone que "no consta" que Pedro Agüera "haya empleado esta cantidad para pago de proveedores del Ayuntamiento, ni de las facturas emitidas por la empresa constructora CEA SA por obras de reforma en la piscina municipal, disponiendo libremente el mismo de los 300.000 euros, apartándolos de su destino y finalidad de servir de depósito y garantía del cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por el promotor, debiendo proceder el Ayuntamiento a su devolución".
En ese sentido, el auto detalla que después de que la empresa reclamase la devolución del dinero tras ser recepcionadas las obras de urbanización del plan parcial donde fueron proyectadas las naves, tal extremo le fue denegado por el Ayuntamiento al certificar la Tesorería y la Intervención municipal "la inexistencia de ingresos de dicha cantidad" en las arcas municipales.
SENTENCIA DEL TSJA
Frente a ello, la entidad Promotora Parque La Viña emprendió un litigio por la vía Contencioso Administrativo, logrando que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarase su derecho a recuperar los 300.000 euros.
Respecto a José Luis Vega, el auto expone que "se puede inferir" su conocimiento de los hechos en cuestión porque la mencionada sentencia del TSJA respecto al litigio contencioso administrativo promovido por Promotora Parque La Viña refleja que según la propia "versión" del entonces alcalde de IU, "si bien no tuvo conocimiento personal y directo de tales hechos, si supo que dicha entrega (de dinero) se había producido efectivamente".
"El abono de esas cantidades motivó la aprobación del proyecto de urbanización con la aquiescencia del alcalde, que ya disponía del informe favorable a la aprobación del proyecto de urbanización de 81 naves. Entiendo que el alcance y grado de responsabilidad en su caso, del conocimiento, que tuviera José Luis Vega del no ingreso de la cantidad abonada corresponde al tribunal", señala el juez instructor, que a tal efecto decreta la apertura de juicio oral contra Pedro Agüera y José Luis Vega, reclamánndoles fianzas de 400.000 euros en el primer caso y de 300.000 euros en el segundo.
El exalcalde de La Algaba José Luis Vega, recordémoslo, fue condenado hace unos meses a 42 meses y dos días de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación administrativa cometidos en la contratación de las ediciones de 2006 y 2007 del Festival Internacional de Teatro y Música del municipio, mientras en 2016 fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y previamente había sido condenado a dos años y seis meses de cárcel por un delito de cohecho.
