La familia de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva) ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado (Huelva), que investiga las muertes de Miguel Ángel Domínguez y a su hija María, ambos asesinados en el domicilio familiar en abril de 2013, en el que solicita que desestime la petición de Francisco Javier Medina, absuelto tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y con tres sentencias absolutorias, de constituirse como acusación popular al mediar "mala fe y temeridad" y considerar que "puede entorpecer" la investigación.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, anuncia también el cambio de letrado que a partir de ahora defenderá sus intereses como acusación particular y que será José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones en sustitución de Luis Romero.
A su vez, y en consecuencia, el nuevo letrado y para tener un conocimiento de este complejo procedimiento penal, solicita autorización del tribunal para, a partir de ahora, poder examinar las actuaciones en la sede judicial y solicitar copia de cuantas resoluciones sean precisas para realizar una defensa "digna".
Así, por lo que respecta a la petición de la contraparte de constituirse como acusación popular, el nuevo abogado considera que dicha petición "no está justificada y que, menos aún, cumpla con los requisitos que establece la Ley Procesal Penal".
Al respecto, ha asegurado que "sorprendió sobremanera que la persona que durante años fue procesada en este asunto y su entorno familiar, tras declararse firme la última sentencia del Tribunal Supremo por la cual absolvía a dicha persona, realizaran una anterior petición de constituirse en acusación particular", a lo que ha añadido que ahora "sorprende más" que quieran personarse como acción popular y con ello poder conseguir una información de primera mano de cuantas investigaciones se puedan llevar a cabo en este nuevo periodo.
No obstante, el letrado ha asegurado en su escrito, que no van a permitir que personas que "pudieran estar relacionadas directa o indirectamente con este crimen macabro, ahora quieran presentarse en este tribunal como anónimos ciudadanos que quieren ejercer una acción cívica para esclarecer unos hechos y se descubra cuál es el verdadero autor de estos hechos tan deplorables".
Por todo ello, ha manifestado su "absoluta disconformidad" con tal petición y asegura no poder aceptar que "personas que hayan podido tener relación con estos hechos, ahora se encuentren en la misma posición procesal que los padres del fallecido y de la familia de la menor".
A su juicio, es "una petición descabellada, que no reúne ninguno de los requisitos que exigen los preceptos indicados", a lo que ha añadido que sería "inadmisible que pasen a ejercitar en paridad de armas dicha acusación junto con el Ministerio Fiscal, siendo una sinrazón y una petición inadmisible en el derecho penal".
"ENTORPECER LOS HECHOS"
Para el nuevo letrado, la petición planteada de contrario supone "mala fe y temeridad y, desde luego, ha producido un gran dolor a la familia", que sospecha que la única finalidad de la petición es "entorpecer el esclarecimiento de los hechos".
En este sentido, ha hecho hincapié en que si desde la posición de acusación popular "se pretende entorpecer la nueva investigación que se va a llevar a cabo o va a impedir el esclarecimiento de los hechos de forma definitiva, no es posible que la persona que ha sido procesada como autor de estos hechos durante años y su propio entorno familiar pueda conseguir este estatus a la misma altura o posición que el Ministerio Fiscal y esta acusación particular".
En este supuesto, el abogado considera que si se admitiera tal solicitud "todos los caminos o vías para esclarecer estos hechos quedarían impedidos y tener a este entorno pendiente de cuantas peticiones" se hagan por su parte como acusación particular "no lo admite ni la literalidad ni el espíritu del artículo 125 de la Constitución Española y menos aún, los artículos 100 y 101 y demás concordantes de la Ley Procesal Penal y mucho menos, que sea acorde con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional sobre esta cuestión".
A su vez, ha recordado que la Constitución Española "no permite de forma amplia que pueda ejercer la acción popular cualquier ciudadano y menos aún aquel entorno que fue investigado en el anterior proceso y en donde incomprensiblemente se le absolvió a pesar de que existen pruebas más que contundente sobre la clara responsabilidad de Medina, que al final fue absuelto pero existiendo pruebas contundentes a su cargo".
Además, ha argumentado que esta petición "no se puede admitir ni por el fondo ni por la forma, ni por el momento en que se plantea" y no es posible, ha añadido, "haber mediado una sentencia absolutoria sin perjuicio de que se continúe la investigación porque está claro que un crimen no puede quedar impune", indicando al respecto que esta defensa "está segura que en esta fase del proceso surgirán grandes sorpresas" y que van a dar con el autor de estos hechos, considerando esta parte "la clara responsabilidad" del absuelto.
Por último, el nuevo abogado ha subrayado que aterriza en este asunto con la ilusión de poder profundizar e investigar nuevamente los hechos de forma ordenada y proponer nuevas pruebas con el único objetivo de "dar con la verdad de lo ocurrido y esclarecer la autoría de estos hechos deplorables" que, según la familia de los fallecidos y por lo que ha podido conocer de la documentación entregada, siguen insistiendo en que "el verdadero autor de los hechos es Francisco Javier Medina y para ello está esta fase de investigación que queremos continuar".
