El grupo conservacionista Verdemar-Ecologistas en Acción anunció ayer a VIVA su intención de solicitar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue “presuntos delitos contra el Patrimonio Histórico Español, delincuencia ambiental, …” en la ampliación de Fondo de Barril de Cepsa.
Desde Verdemar aseguran que “con una licencia ilegal de obra para el desbroce de la parcela y unas excavaciones de la antigua Carbesa o Negro de Humo para descontaminar suelos, han abierto caminos con maquinaria pesada, excavadoras con martillo para retirar grandes cantidades de piedras, han retirado tierra vegetal, han excavado y desmontado más de 200.000 metros cúbicos de áridos de una montaña (Los Castellones) día y noche, pudiendo expoliar restos arqueológicos. Trabajos que no están recogidos en la licencia”, apuntan. “Las extracciones” -afirman los ecologistas-, “han desmantelado la carretera que comunicaba la Planta de Guadarranque con el resto de la Refinería. En la parcela de Carbesa o Negro Humo, junto a CLH -añaden-, han realizado una acumulación de áridos de miles de metros cúbicos de albero, han construido muros de hormigón, desviado tuberías de vapor y destruido la vía del ferrocarril hasta el túnel del monte de Los Castellones”, apuntan. Añaden que “cientos de camiones salen por la carretera de Gaudarranque cargados de áridos del desmonte, poniendo en riesgo a los conductores” y que “sin control” depositan estos áridos en la cantera de La Doctora. Aseguran, también, que han arrasado más de 3.000 árboles, la mayoría acebuches. “Al parecer, parte de ellos se han trasplantado”, apuntan.
Además, afirman que “se han descubierto restos arqueológicos, al parecer una villa Romana, que posteriormente han enterrado”.
En cuanto a la declaración de impacto ambiental, con el expediente 34/2019, relatan que “empezó su trámite en el Área de Industria y Energía el 18 de febrero de 2019” y que en la actualidad “se sigue tramitando en el Ministerio de Transición Ecológica desde el 17 de junio”. Los conservacionistas ven “incomprensible” que la Junta abriera el periodo de exposición pública en el BOJA número 136 el 17 de julio de 2019 correspondiente a la solicitud de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (PP. 1473/2019), citando el expediente AAI/CA/016/M2, con la denominación: “Modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada en relación al proyecto Fondo de Barril”, cuando “el primer paso es tener concluida a la Declaración de Impacto Ambiental, que curiosamente se sigue tramitando en la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental”. Ello ha dado lugar a que Verdemar haya interpuesto una denuncia en la Fiscalía General del Estado “por si pudiesen ser constitutivos de prevaricación y de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente del Código Penal y los relativos al patrimonio histórico”. Este medio se puso en contacto con Cepsa, que declinó hacer declaraciones al haber un proceso judicial en marcha.
