La Fiscalía de Málaga ha aumentado su actividad investigadora. Así en 2018 se registraron 674 diligencias de investigación penal incoadas, frente a las 518 del año anterior; lo que supone un incremento del 30 por ciento. De las iniciadas, 199 fueron judicializadas al verse relevancia penal.
Dentro del total iniciado, el mayor número --266 diligencias-- proceden de denuncia de la administración, seguida por las incoadas tras un atestado policial --245-- y de las que fueron a raíz de la denuncia de un particular --103--, según se desprende de la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, consultada por Europa Press.
De oficio, la Fiscalía abrió 29 investigaciones y unas 28 fueron a raíz de un testimonio de otro procedimiento judicial. A finales de año quedaban pendientes por resolver 285 diligencias.
Por delitos, el apartado de lesiones supusieron 181 diligencias de investigación de la Fiscalía, sobre todo, por lesiones por imprudencia. Además, se incoaron 140 por delitos contra las relaciones familiares y 57 por delitos contra el patrimonio, sobre todo estafas y apropiación indebida.
Asimismo, en 2018 se iniciaron 31 diligencias por delitos contra la administración pública, la mayoría, un total de 22, por prevaricación administrativa. La Fiscalía abrió 124 diligencias relacionadas con delitos contra el territorio, el patrimonio y el medio ambiente.
MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
En este sentido, en la memoria de esta especialidad se pone de manifiesto "el gran volumen de trabajo" y "dedicación, dado su elevado nivel técnico, su complejidad y gran número de asuntos que entran en su ámbito específico, particularmente por la ampliación del objeto de determinados tipos penales en las últimas reformas legislativas".
Como en años anteriores se indica que "existe una sobrecarga", según recoge la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, en la que se señala que es "la especialidad que más asuntos despacha y la que más juicios propios debe cubrir --101 en juzgados de lo penal y audiencia provincial, sin contar las vistas de apelación--, y la que más ejecutorias despacha".
Así, incide en que se continúa con la labor investigadora en el ámbito de la protección de animales y de detección de delitos contra especies amenazadas de flora y fauna silvestre y de persecución del marisqueo ilegal.
En materia de delitos contra la ordenación del territorio, en 2018 se ejecutaron 24 demoliciones tras sentencia condenatoria, 22 de ellas ejecutadas por el propio penado, y dos de forma subsidiaria por el ayuntamiento correspondiente a costa del condenado; un número que no se puede descartar que sea superior "al no computarse aquellas demoliciones ejecutadas durante la instrucción del procedimiento con vistas a la aplicación de la atenuante".
Al respecto, se precisa que "el gran problema de los delitos contra la ordenación del territorio sigue siendo la ejecución de la medida de demolición cuando es acordada en sentencia y no se ejecuta voluntariamente por el penado", apuntando a que "se dilatan durante años" y cuando se consigue la orden "se ponen generalmente obstáculos de todo tipo por parte de la administración local --falta de medios, de claridad en la extensión de la orden de demolición, tramitación paralela de expedientes de supuesta legalización--".
