La Plataforma de afectados del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) con y sin discapacidad y las intérpretes de lengua de signos se ha concentrado este miércoles frente a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería para exigir medidas urgentes que frenen los despidos y las condiciones laborales de "absoluta precariedad" que sufre el sector.
Alrededor de 100 personas se han reunido, en el Paseo de Almería, para manifestar su malestar ante los "masivos" despidos de los trabajadores con discapacidad, en su mayoría. La portavoz del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Mateos, ha acudido a la manifestación para mostrar su apoyo a este sector, altamente feminizado, pues casi en un 90 por ciento son mujeres, y precario.
La portavoz se ha entrevistado con varios trabajadores para conocer de primera mano su situación. Ejemplo de ello es Ana María Madrid, trabajadora con un 68 por ciento de discapacidad que, desde el año 2011, atiende como PTIS en el colegio público de Educación Especial Princesa Sofía de la capital. Hasta el pasado 7 de enero lo hacía a través de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) como fija discontinua: sin embargo, y sin notificación previa, se encontró con su baja laboral "de un día para otro, ya que el servicio ha sido concedido a otra empresa".
La Plataforma de PTIS insta al consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, a que "ponga freno de una vez a las irregularidades laborales que cometen las empresas que licitan el servicio del PTIS en los colegios públicos de Andalucía". "Estas irregularidades, cometidas por empresas externas contratadas por la Junta de Andalucía, afectan a miles de trabajadores que ven como sus condiciones son muy inferiores a las de sus compañeros que sí trabajan directamente para la Junta", sostienen.
El presidente de la Plataforma de PTIS, Luis Monedero, también denuncia el "caos que se vive en muchas provincias andaluzas, con licitaciones que han durado períodos ridículos, 21 días de contrato en algunos casos. Tanto cambio de empresa supone una indefensión total para las trabajadoras y trabajadores, así como pérdida de días cotizados, vacaciones y retribuciones", sentencia.
El PTIS pone de manifiesto la falta de vigilancia y toma de medidas por parte de la Junta de Andalucía, quién, en palabras del colectivo, "son conscientes de las irregularidades cometidas por las empresas externas y, sin embargo, no hacen nada, aún teniendo resoluciones y sentencias judiciales que así lo afirman y que han obligado a la Junta a asumir en sus plantillas a trabajadoras que eran cedidas ilegalmente a las empresas externas".
El Grupo Municipal de Podemos ha manifestado que, "siempre que se vulneren los derechos de los trabajadores y, más en concreto, los derechos de quiénes más protección necesitan, nos tendrán enfrente. Es intolerable que se juegue con el pan y la calidad de vida de miles de familias y sean, precisamente, quienes han de velar por el cumplimiento de la ley y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos más necesitados y los trabajadores más precarios los que miren para otro lado mientras se vulneran y se pisotean los derechos de los que dignifican nuestro país".
