El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz presentará una propuesta al Pleno ordinario de enero, que se celebrará este viernes, en la que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a desarrollar un Anteproyecto de Ley de Tasa Turística que permita la implantación de una tasa turística en los municipios, un anteproyecto que estaría orientado a una mejor financiación local con el fin de “mejorar la conservación del patrimonio histórico y la prestación de los servicios municipales afectados, así como contribuir a la reducción del impacto medioambiental del turismo e impulsar un turismo sostenible, responsable y de calidad”.
El Gobierno local relata en la exposición de motivos que la financiación que recibe el Ayuntamiento de Cádiz de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) se obtienen en función de la ciudadanía de derecho y no de la ciudadanía de hecho, cuando esta última es cada vez mayor. Se genera así, por tanto, “un desequilibrio entre los ingresos necesarios para mantener los servicios públicos que se ven afectados y los gastos que este incremento supone”.
Tras citar numerosos países de la Unión Europea (UE) que han implantado una tasa por pernoctación, el Equipo de Gobierno explica en la exposición de motivos que en Andalucía son varios los ayuntamientos que ya están estudiando la implantación de la tasa, una medida que según las primeras experiencias en España no ha supuesto un descenso en la afluencia turística.
Al hilo, defiende que los ingresos obtenidos por la tasa de pernoctación pueden invertirse “en la reducción de las externalidades negativas que el turismo provoca sobre el medio ambiente y el patrimonio, así como en la sostenibilidad de los servicios públicos afectados directamente”.
Otra de las propuestas que los concejales con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz defenderán en el Pleno de este viernes es la propuesta de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la regulación de la implantación de establecimientos de juego.
En este sentido, se ha elaborado un documento de modificación puntual del artículo 3.4.11 de las Normas Urbanísticas del PGOU (definición y categorías de los servicios terciarios recreativos), excluyéndose del mismo “las salas de reunión que albergan actividades relacionadas con el juego de azar”, así como del artículo 3.4.20 (condiciones de implantación del uso comercial), introduciendo un nuevo apartado, que regula las condiciones de implantación de los establecimientos de juego, de forma que los mismos solamente se podrán situar en las zonas de uso global “residencial y de equipamiento” si están a más de 500 metros de distancia de los accesos normales de entrada o salida a las parcelas destinadas a usos de equipamiento escolar, deportivo o sociocultural.
Asimismo, la propuesta del Gobierno local también incluye acordar, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la suspensión, por plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
En otra de las mociones que presenta al Pleno ordinario de enero, el Equipo de Gobierno muestra su rechazo a la aplicación del llamado pin parental y propone declarar a la ciudad de Cádiz “ciudad libre de pin parental” al tiempo que exige que se den por extinguidos acuerdos entre PP, Ciudadanos y VOX para implantarlo. En esta línea, reclama que se respete el derecho del alumnado a realizar actividades transversales. En la exposición de motivos, el Gobierno local aboga por el derecho de las niñas y niños de recibir “una educación integral, donde todo el alumnado tenga la misma accesibilidad a charlas de educación sexual, a actividades contra la violencia machista o una salida para conocer más de cerca la memoria histórica de su ciudad”.
Otra de las propuestas se basa en exigir a la Diputación de Cádiz que cumpla con el mantenimiento de las instalaciones del CEIP Institución Provincial Gaditana, resolviendo el problema de la aparición de ratas y realizando un estudio técnico del estado del centro actualmente, de forma que se garantice la seguridad. Asimismo, se insta a la Diputación de Cádiz y a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que ejecuten el traspaso del CEIP Institución Provincial Gaditana entre ambas administraciones, instando a su vez a la propia Junta de Andalucía a que se comprometa a mantener abierto el centro. También insta al Gobierno andaluz a la construcción de un centro público en la zona para garantizar la oferta pública de plazas en centros educativos. “Construir un centro público significa comprometerse con la educación pública, actuando frente al cierre de líneas”, sostiene en la exposición de motivos Adelante Cádiz, que lamenta que la intención de la Diputación de Cádiz con el CEIP La Institución parece ser la de “abandonar” el centro hasta llevarlo “al límite” para “justificar su cierre”.
Además, instará a la Junta de Andalucía a que modifique la resolución por la que se efectúa la convocatoria para la selección de actuaciones de intervención, en régimen de concurrencia competitiva, para su inclusión en el Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, y concesión de sus correspondientes subvenciones destinadas al fomento de la calidad urbana que impulsen los sectores turísticos y comerciales a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la Provincia de Cádiz para el ejercicio 2020.
En concreto, se propone al Gobierno andaluz que elimine de la resolución el punto en el que indica expresamente que “no podrán participar en la convocatoria para el ejercicio 2020 los ayuntamientos que hayan resultado beneficiarios definitivos en la convocatoria anterior”, como es el caso del Ayuntamiento de Cádiz, toda vez que la ciudad fue declarada beneficiaria de la convocatoria anterior con una subvención total de 1.199.999,42 euros para el proyecto denominado ‘Peatonalización de la plaza de España’.
El Equipo de Gobierno considera que el hecho de que al Ayuntamiento de Cádiz se le prohíba acceder a esta segunda convocatoria en concurrencia con otros ayuntamientos constituye “un claro caso de arbitrariedad” que “puede ser resuelto” si la Junta de Andalucía asume esta propuesta de modificación de la resolución que se lleva a Pleno.
