“Insostenibles”. Ésa es la impresión de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, tras conocer los datos del desempleo correspondientes al mes de junio. Es cierto que este último registro mejora los resultados de mayo, al marcarse un descenso mensual de 4.549 demandantes de empleo tras la incorporación a la actividad de los trabajadores incursos en expedientes de regulación temporal de empleo; si bien es un dato ilusorio ante la constatación de la cifra global de personas sin trabajo: 173.438, “un 25 por ciento más que hace año, retrocediendo a cifras del año 2016. No son datos buenos y la perspectiva es aún peor”. (El crecimiento interanual entre junio de 2019 y de 2020, en términos absolutos, es de 35.154 desempleados).
La presidenta de Diputación considera que el COVID-19 ha atacado con especial virulencia al sector turístico, al que define como “la línea de flotación” de la economía de la provincia de Cádiz. Y teme la ausencia de alternativas industriales que compensen esta caída del empleo. Además, “la Diputación ve con honda preocupación la situación del empleo industrial y los despidos planteados en Airbus” y, frente a esta amenaza, plantea una alianza entre instituciones para actuar desde un frente común.
Irene García ya demandó a la delegada del Gobierno central en Andalucía, en su reciente visita a Diputación, la necesaria implicación que debe asumir el ejecutivo estatal a favor de tres industrias vitales para la provincia de Cádiz: el turismo y los sectores naval y aeronáutico. La presidenta de Diputación lamenta además “la nulidad de la Junta de Andalucía”, a la que reprocha que –pese a noticias como las que se ciernen sobre Airbus- “no plantea incentivos a la industria y no asume medidas para paliar las actuales cifras de desempleo”.
En relación a la iniciativa AIRE, promovida desde la administración autonómica, “es insuficiente en su cuantía. El Gobierno andaluz se ha dedicado a desmantelar los anteriores programas de empleo y, sólo en la provincia de Cádiz, el recorte es de 13 millones de euros. La iniciativa AIRE obliga a los ayuntamientos a una cofinanciación complicada, tanto que en la práctica está motivando la renuncia de ayuntamientos de todos los colores políticos”.
La queja también abarca al campo de la cortesía y respeto institucional, según explica Irene García al lamentar que “el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, sigue sin contestar a las cartas enviadas por Diputación”, en representación del Consejo de Alcaldías de la provincia de Cádiz, y referidas a los programas específicos para crear empleo demandados por los municipios gaditanos.
