Unidas Podemos va a presentar en el Congreso una nueva solicitud para crear una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, en este caso centrada en el uso de las tarjetas opacas del rey emérito, que se han visto confirmadas tras haber abonado 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal.
Así lo ha avanzó en redes sociales el secretario primero del Congreso y diputado de la formación, Gerardo Pisarello, al difundir en redes sociales el escrito dirigido a la Mesa del Congreso, de la que él forma parte. En la misma línea, su portavoz parlamentario Pablo Echenique también ha difundido la petición.
La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares, y usarían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
La formación morada, que comparte el Gobierno con el PSOE, ha tratado de impulsar otras comisiones de investigación en el pasado para tratar de fiscalizar las actividades de la Casa Real, que han sido rechazadas por la Mesa.
INDICIOS DE DELITO
En el texto que ahora se promueve, al que ha tenido acceso Europa Press, Unidas Podemos argumenta que la comisión de investigación se sustenta a raíz de la investigación de la Fiscalía, desde finales de 2019, sobre el uso de tarjetas opacas del rey emérito y de doña Sofía, que "habrían pagado abundantes cuantías de dinero" en gastos propios y de otros miembros de la familia real.
También ha recalcado que el uso de los fondos, presuntamente donados por un empresario mexicano amigo de Juan Carlos I, se produjeron tras su abdicación y se han cursado comisiones rogatorias por parte de la Justicia para localizar el origen de este dinero.
Ante estos indicios de delito fiscal por incrementos de rentas no declarados por Juan Carlos I, el grupo confederal ve necesario impulsar la fiscalización parlamentaria de estas presuntas irregularidades y determinar su alcance dentro de la familia real.
A la espera del resultado de las comisiones rogatorias, Unidas Podemos constata que la labor de la Fiscalía apunta a indicios de delito fiscal, por incrementos de renta no declarados superiores a la cantidad de 120.000 euros en un solo ejercicio. Además, podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, "si se acreditara el origen ilícito de este dinero".
También asegura que la regularización fiscal de Juan Carlos I en esta semana supondría "la admisión de al menos una parte del fraude investigado por el Ministerio Público, y por ende, el reconocimiento de la comisión de un delito fiscal".
ES UN TEMA DE INTERÉS PÚBLICO
Por tanto, la implicación de personas de "notoria relevancia pública, como lo es el ex jefe del Estado, en la presunta comisión de delitos es cuestión de "interés público que justifica una investigación parlamentaria", y que a su juicio se ajusta al criterio que exige la Mesa en otras comisiones de investigación.
"No es ocioso recordar que es la segunda vez en menos de cuatro meses que los medios de comunicación se hacen eco de la existencia de diferentes vías de investigación en torno a la figura de Juan Carlos de Borbón, tanto en el ámbito interno como en el internacional", razona Unidas Podemos.
Así, alude al presunto cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca, que llego al propio monarca Felipe VI a retirarle su asignación fijada en los presupuestos de la Casa Real. En consecuencia, la singularidad del caso justifican la puesta en marcha de la comisión de investigación, pues son hechos no amparados por la inviolabilidad que confiere la Constitución al Rey por ser posteriores a su abdicación.
NO EXISTE PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD AL ABDICAR
"En otras palabras, la inviolabilidad queda circunscrita a los actos constitucionales del Rey, es decir, a los actos a través de los cuales ejerce las atribuciones que la Constitución le confía", prosigue la petición
En su propuesta, Unidas Podemos plantea que los trabajos de la comisión tengan una duración de seis meses desde su puesta en marcha, con posibilidad de prórroga. El órgano parlamentario estaría compuesto por cuatro representantes de los grupos con más de 50 diputados y dos para el resto de formaciones y la sesión constitutiva e debería celebrar "a la mayor brevedad posible" y, en todo caso, antes de 30 días desde la aprobación por el Pleno del Congreso.
