El confinamiento duro frenó en seco la actividad económica y disparó la emergencia social de manera inmediata. La irrupción del coronavirus fue un terremoto que llevó a demandar ayuda a las principales organizaciones no gubernamentales de la provincia a gaditanos que no contaban con recursos o, pese a tener trabajo, no llegaban a fin de mes antes de que se decretara el estado de alarma. La coordinadora general de Cáritas Diocesana Jerez, Mila Díaz, apuntó en noviembre pasado que “hemos comprobado la extrema vulnerabilidad de mucha gente que lleva viviendo en el filo de la navaja” desde la crisis de 2008. “Han vuelto a solicitar nuestro apoyo personas que llevaban cinco años sin hacerlo”, aseguró en estas páginas.
La demanda ha oscilado condicionada por las restricciones en la movilidad, pero ha sido constante desde la desescalada. Las réplicas del seísmo que sacudió la provincia en marzo pasado se dejan sentir desde entonces con fuerza. Cruz Roja ha atendido ya a más de 30.000 gaditanos en los diferentes programas que ha desarrollado desde el inicio de la pandemia en el marco del Plan Cruz Roja Responde: reparto de kits de alimentos y tarjetas monedero subvencionadas por la Junta de Andalucía o sesiones de apoyo escolar y entrega de tabletas para paliar la brecha digital. Y fuentes de la entidad cifran entre el 20 y el 25% los nuevos demandantes.
La ola de solidaridad ha sido espectacular y ha servido para llenar despensas vacías, asegura, por su parte, el director de Cáritas Diocesana Asidonia-Jerez, Juan Pérez. El Banco de Alimentos fue capaz de recaudar donaciones por valor de 97.000 euros en plena desescalada, los días 1 y 2 de mayo, e iniciativas espontáneas, como la de Costaleros por nuestros Mayores, surgida en el seno de la cuadrilla de Nuestra Señora de Los Dolores, atendieron a cientos de familias. Pero los recursos han descendido. “La recaudación de las colectas parroquiales ha caído” con las iglesias vacías de manera obligada por el temor a los contagios, lamenta Pérez, justo en el momento en que la solicitud de ayuda pasa hasta en un 80% de los casos por la necesidad de contar con apoyo económico para hacer frente al pago de suministros.
Los recibos sin pagar de la luz, el agua y el gas se amontonan junto con las mensualidades de hipotecas y alquileres por la pérdida de poder adquisitivo de quienes se han acogido a ceses de actividad o expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) y, sobre todo, ante el creciente desempleo. “Esta provincia vive especialmente de la hostelería y el turismo”, recuerda Pérez, sectores muy afectados por el Covid. Además, la economía informal, igualmente, se vio frenada en seco por el confinamiento duro y restringida por las limitaciones horarias y perimetrales durante las segunda y tercera olas.
“La recuperación será lenta”, pronostica, por lo que considera que es momento de reforzar la formación, tanto para el empleo como para dotar de competencias digitales e informáticas a los usuarios para llevar a cabo trámites telemáticos y, como tarea de la administración, agilizar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Al respecto, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha advertido de que apenas se concederá a la mitad de las 850.000 personas en el límite más extremo de la pobreza, que fue la cifra comprometida por el Gobierno.
En Cádiz, a finales de enero, según los datos facilitados por el Ejecutivo a preguntas del PP, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había registrado 45.913 solicitudes. De ellas, se denegaron 17.743, el 38,6% del total, y se resolvieron 10.107, el 22%, de modo que hay 28.034 beneficiarios.
“El INM debe ser la vacuna más eficaz contra la pobreza”, subraya la entidad, pero “ha pasado a ser el virus de la desesperación y el sufrimiento de los solicitantes que están atrapados en la telaraña de la burocracia y el sin sentido de farragosos procedimientos”.
Para evitar que la prestación “se desangre” y para “cesar la desesperanza de las familias más vulnerables”, la asociación propone tres medidas. En primer lugar, plantea que el cálculo de la capacidad económica se realice sobre los ingresos del año en curso, eliminando el límite del 50% de los ingresos del ejercicio anterior.
En segundo término, defiende la supresión del padrón histórico colectivo: la normativa obliga a que las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia que debe estar constituida durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud, de forma continuada y que se pueda acreditar mediante los padrones municipales constrastando las personas inscritas en la misma vivienda; si estos datos no coincide con los de la soliucitud, se debe solicitar un certificado histórico y colectivo referidos a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento, lo que complica enormemente la gestión de la prestación.
Y, por último, los directores y gerentes en servicios sociales piden al Gobierno que decrete una “pasarela automática” para que, de oficio, se acceda al IMV desde las rentas mínimas de las comunidades autónomas, garantizando que los 1.600 millones de euros que dedican actualmente las regiones a estos sistemas se destinen a políticas relacionadas con la inclusión.
