La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha vuelto a exigir a Costas que no tome determinaciones sin vuelta atrás al menos hasta que conteste a la petición de zona de especial interés de la Casería de Ossio y se resuelvan las alegaciones que hay presentadas por los damnificados.
Lo ha dicho además delante de vecinos, pescadores y hosteleros de la zona que este miércoles se han manifestado por las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza del Rey, donde desde el atrio del Ayuntamiento han exigido la legalización de las casetas de pescadores.
Cavada ha manifestado su compromiso con la legalidad pero ha defendido que aún quedan resortes para salvar la zona de casetas y el establecimiento hostelero que no tiene concesión administrativa.
Y de eso es precisamente de lo que se disponía a hablar con una comisión de los convocantes de la manifestación en recién reinagurado edificio consistorial que también después de muchos años volvía a ser escenario de una protesta ciudadana.
Previamente a las declaraciones de la alcaldesa y en presencia de representantes de partidos políticos municipales que aprobaron en el Pleno el inicio del expediente de declaración de zona de especial interés, los representantes de los manifestantes leyeron un comunicado en el que rechazaban una vez más las acciones de Costas.
Hablaron de los recuerdos que se pierden con la demolición de las casetas, de la desaparición de un atractivo turístico que se convierte en un beneficio económico para la zona y de los puestos de trabajo que se pueden perder entre la decena de pescadores profesionales cuyo único medio de vida es la pesca y se quedan sin un lugar donde guardar los enseres.
Luego, ya disuelta la manifestación y a preguntas de este periódico, los pescadores respondieron a la posibilidad de que finalmente se eliminen las casetas y como se ha puesto sobre la mesa -nada en firme- se construyan casetas fuera del Dominio Público.Para ellos eso sería el “plan b” pero hasta ahora nadie ha contado con los pescadores ni con los hosteleros más que para mandarles la orden de desalojo y reposición de la zona. Un “plan b” que aceptarían a la fuerza pero el objetivo es que “todo quede como está ahora”.
