El caso Erial, en el que se investiga a Eduardo Zaplana y a varios de sus colaboradores por el supuesto cobro de sobornos, afronta este 2021 su fase final, tras el esclarecimiento del entramado societario que se pudo usar para ocultar los fondos y cuando se cumplen, este mes de mayo, tres años desde que el expresident y exministro fuese detenido.
Según han indicado a Efe fuentes conocedoras de la instrucción, aunque todavía quedan pendientes varias declaraciones relacionadas con las últimas imputaciones, la intención es finalizarla este mismo año, todo ello sin perjuicio de las diligencias que puedan reclamar las defensas.
El exdirigente del PP fue detenido el 22 de mayo de 2018 y fue puesto en libertad el 7 de febrero de 2019 aunque, de esos 259 días, 51 los pasó en el Hospital La Fe de Valencia, donde fue asistido para controlar varias dolencias que son consecuencia de la leucemia que padece desde 2015.
En el caso Erial figuran como imputados, además de Zaplana, el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, el exconseller y ex secretario de Estado con el PP Fernando Castelló, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos "b" y hermano de la citada exdiputada autonómica.
También la mujer de Zaplana, Rosa Barceló; su hija María Zaplana, su yerno Luis Iglesias y su secretaria Mitsuko Henríquez.
Sobre Zaplana y la mayor parte de procesados pesan las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
El foco del caso Erial está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico en 2011. El caso se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones en comisiones.
Zaplana se convirtió en el segundo expresident de la Generalitat del PP -de los cuatro con los que ha contado este partido en la Comunitat Valenciana- detenido -el primero fue Olivas-, y en el tercero -tras Olivas y Francisco Camps- investigado por la justicia por posibles delitos de corrupción.
Las últimas pesquisas de la UCO han permitido a los investigadores reconstruir la estructura societaria de la que supuestamente se sirvieron los investigados para ocultar los fondos provenientes de sus mordidas.
En estos últimos informes los técnicos de la Guardia Civil han hallado rastro de unos 9 millones de euros que estuvieron en depósitos originalmente en Luxemburgo y posteriormente fueron transferidos a cuentas de Andorra, tituladas por testaferros de Zaplana y cuyo origen se presume delictivo, aunque no se ha determinado por el momento.
De ese dinero ya no quedarían apenas unos 300.000 euros porque el principal se invirtió en productos ruinosos e incluso en algunos de los fondos comercializados por Bernard Madoff, según apuntó el gestor uruguayo Fernando Belhot.
De cualquier modo, los investigadores son conscientes de que ese remanente no podrá ser recuperado, porque España no tiene ningún convenio con Andorra que permita hacerlo, incluso aunque se demostrase su origen ilícito.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que cuenta con un refuerzo para que pueda dedicarse en profundidad a este asunto, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, han logrado recuperar cerca de 7 millones de euros que habían sido transferidos a una entidad bancaria suiza y cuya propiedad, al 90 %, es de Zaplana, según las estimaciones de las fuentes judiciales consultadas.
El resto se atribuye a Joaquín Barceló y Francisco Grau, considerados sus colaboradores y de quienes se cree que carecieron de la actividad económica necesaria para acumular todo ese dinero.
Según consta en el sumario del caso, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros.
Parte de estos supuestos sobornos fue a parar a dos sociedades de Luxemburgo en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.
Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo empresarial de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.
Además de la cuestión central -las adjudicaciones y las supuestas mordidas millonarias-, la causa tiene ahora otras ramificaciones en forma de operaciones societarias e inmobiliarias sobre las que actualmente tiene puesto el foco la justicia, ante la sospecha de que pudiesen haber servido para repatriar aquellos fondos opacos.
Un ejemplo de estas derivadas, explican las fuentes consultadas, es la sospechosa operativa comercial que llevó a la hija de Zaplana a alquilar un piso para su padre en la céntrica calle Pascual y Genís de Valencia por el que pagaba 3.500 euros mensuales que salían de una cuenta de su marido, Luis Iglesias, en la que se recibió un ingreso de 2,2 millones de euros.
En el alquiler de ese piso actuó como intermediario un viejo conocido de la justicia española, el empresario búlgaro Miroslav Schopoff, fundador de Orodirect, que fue detenido en febrero de 2014 en Valencia en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales a través de la compraventa de oro.
La Fiscalía considera sospechosa esta relación entre la familia Zaplana y Schopoff y que hay contradicciones en los testimonios sobre el proceso de alquiler de esa vivienda; en consecuencia, investiga toda la operativa que la rodeó por si pudiese constituir una evidencia de blanqueo.
Por su parte, la defensa de Zaplana insiste en que siguen sin existir elementos sólidos para acusar a su cliente, más allá de coincidencias de sus anotaciones de agenda, que por sí solas no pueden sostener un procesamiento.
Y, en este sentido, han pedido a la jueza de instrucción que se interrogue a las personas que formaron parte de las comisiones que decidieron las concesiones que están bajo sospecha, para que respondan a la pregunta de si alguien, y en concreto Zaplana, trató de influir en sus decisiones.
La defensa del exministro también va a solicitar que se cite a los destinatarios de las transferencias que efectuó Fernando Belhot para que digan si después hicieron entrega de algún dinero al expresident a cuenta de estos ingresos.
Zaplana pone en duda la credibilidad de este gestor uruguayo -a quien la justicia española considera uno más de sus testaferros, e insiste en la idea de que, a cambio de sus declaraciones acusatorias, se le haya retirado su imputación.
