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Almería

Juristas de Familia afirma: "Por mucho que te opongas, tu hijo se va a vacunar"

Isabel Bonilla: “En todos los casos que he tratado, cuando un progenitor se opone, acaba en el juzgado con un incidente de patria potestad"

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  • La abogada Isabel Bonilla. -

La abogada Isabel Bonilla, una de las fundadoras de la Asociación Internacional de Juristas de Familia, advierte de que en las parejas en las que uno de los padres se niega a vacunar a sus hijos, “si el caso termina en el juzgado, por mucho que te opongas, finalmente se va a vacunar”.

“Hay gente más reacia pero, en todos los casos que he tratado, cuando un progenitor se opone, acaba en el juzgado con un incidente de patria potestad para que diga el juez quién la tiene a la hora de decidir si se pone o no la vacuna, y en todos los casos que hay, la jurisprudencia se la da al progenitor que quiere”, afirma en declaraciones a Efe esta letrada almeriense.

Así lo asegura la que también fue hasta 2016 miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), quien, no obstante, ha añadido que, a pesar de que hay conflictos, en una “gran mayoría” de los casos se está llegando a acuerdos entre los abogados de las dos partes.

La pandemia también ha generado otros problemas como la compensación del tiempo de más que ha podido pasar un niño con determinado padre durante el confinamiento, o progenitores que han instado a la otra parte a llevárselo durante ese tiempo porque no podían hacerse cargo de él.

“En la mayoría, gracias a la labor de entendimiento de los abogados con los clientes, se ha encauzado porque los juzgados son lentos y las soluciones no siempre llegan con la rapidez que se necesita. Muchas veces ya no tiene sentido cuando llega la resolución final”, ha apuntado.

Por ello, ha apostado por otros métodos alternativos como la mediación o la práctica colaborativa, la figura del derecho comparado y el coordinador de parentalidad, entre otras.

Sobre la práctica colaborativa, ha explicado que los letrados se sitúan en una “dimensión totalmente opuesta” a la que aprendieron en la universidad, la “cultura de la litigiosidad, en la que hay un vencedor y un vencido”.

“Los abogados que realizamos esta práctica colaborativa tenemos que recibir una formación especializada. Yo, además, estoy especializada en derecho de Familia, pero existen en otras jurisdicciones -aunque sólo en su rama hay una asociación específica-. En todos los casos hay una formación para negociar con un sistema distinto al que hasta ahora se ha utilizado”, ha señalado.

Tanto es así que los abogados “colaborativos” renuncian por escrito a acudir a un contencioso si no se llega a un acuerdo entre las partes, por lo que, si una causa acaba finalmente en el juzgado, tendrán que ser otros letrados los que representen a los que hasta ese momento han sido sus clientes.

Antes de eso, ambos abogados se reúnen con las partes para llevar a cabo una “negociación basada en la buena fe, la transparencia y la búsqueda de los intereses para ambos y que sea un ganar para todos. Cuando hay niños de por medio, quienes ganan, indudablemente, son los niños”, según esta letrada.

En el caso concreto de Almería, ha valorado que cada vez más cuando se produce un proceso de ruptura de una pareja, los miembros de la misma “quieren un acuerdo”.

“Es algo que ha cambiado. Antes buscaban al abogado más gladiador. Todavía queda gente así pero esa conciencia está cambiando”, ha valorado la abogada, quien ha señalado que, al menos en lo que a su actividad se refiere, un 90 % de los asuntos se resuelven por la vía amistosa.

“Los abogados también estamos ya dentro de ese cambio de paradigma, buscamos el entendimiento, muchas veces con el apoyo de otros profesionales, sobre todo cuando vemos una escalada en el conflicto o que una parte intenta manipular al hijo en contra de la otra”, ha recalcado.

Por ello, en numerosas ocasiones se trabaja con una reeducación para que los progenitores actúen de otra forma y buscando “una coordinación de parentalidad preventiva”.

No obstante, el “problema es que no hay servicios sociales que presten estos servicios a las familias (…) Lo hacemos desde el ámbito privado”, ha lamentado Bonilla, quien ha deseado que existan estos programas de ayuda a las familias en proceso de divorcio para “no meter a sus hijos en ese conflicto y que todos tengan claros sus derechos y que éstos los tienen a relacionarse con los dos”.

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