Un tribunal con jurado será el encargado de enjuiciar al exdirector del Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP) de Almería, al que la Fiscalía acusa de un delito de malversación de caudales públicos por haberse apropiado presuntamente de más de 72.000 euros durante tres cursos escolares.
La calificación provisional del Ministerio Público, consultada por Europa Press, solicita siete años de prisión para E.M.L. así como la inhabilitación "absoluta" por un periodo de 16 años, al tiempo que interesa que indemnice al IPEP con la cantidad supuestamente defraudado y que asciende en concreto a 72.268,23 euros, según la investigación.
La investigación apunta que el acusado, que era una de las personas "habilitadas con firma" en la cuenta bancaria del IPEP, "se valió" de que, entre 2008 y 2013, el consejo escolar no había aprobado los presupuestos del centro, lo que le permitió "encubrir su actuación", de acuerdo con las pesquisas.
El fiscal sostiene a partir de las diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que el acusado se habría aprovechado de ser el encargado de la gestión económica del centro dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para distraer diferentes cantidades "guiado por un ánimo de enriquecimiento ilícito".
En este sentido, habría retraído tanto partidas dimanantes de los presupuestos del centro así como el importe "de las matrículas abonadas por los alumnos" del instituto para incorporarlo a su patrimonio personal.
La acusación fiscal apunta a que el exdirector habría actuado de este modo en al menos tres cursos escolares, con lo que en el curso 2008/2009 se habría hecho con 31.884 euros, con otros 29.717 euros en el curso 2009/2010 y con 10.666,24 euros en el siguiente periodo escolar. No obstante, la investigación se extiende hasta el curso 2012/2013.
El Ministerio Fiscal, que solicitó pruebas caligráficas para comprobar la firma del acusado, efectúa su acusación después de que durante el procedimiento interesara el sobreseimiento de la causa sobre el secretario del centro, ya que, según lo investigado, era el director del centro el único que llevaba las cuentas del instituto según un acuerdo interno que ambos habían alcanzado.
