La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto este año un total de 174 expedientes sancionadores a taxis pirata de Almería por prestar servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización u ofertar y publicitar este tipo de servicios irregulares por diferentes vías, lo que supone 34 expedientes más que el año anterior.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Junta, quienes han precisado que 60 de estos expedientes ya se han resuelto con la imposición de sanción, mientras que otros 112 procedimientos ya iniciados se encuentran en tramitación y dos expedientes se han sobreseído. Las infracciones por este tipo de conductas se elevan con más de 1.380 euros.
En relación con el pasado año, el número de infracciones detectadas ha crecido, ya que fueron 140 los expedientes iniciados en 2017, de los que al cierre del pasado ejercicio se habían resuelto 135. Asimismo, otros cuatro habían quedado sobreseídos mientras que uno está pendiente aún de resolución.
Estos procedimientos se derivan de la labor inspectora que desarrollan la Junta de Andalucía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedicadas a la vigilancia del transporte. De acuerdo con la normativa vigente, el importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros, teniendo en cuenta aspectos como la reincidencia, la especial gravedad de la infracción, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusión social.
La Junta ha recordado que el intrusismo en el sector del taxi tiene un doble perjuicio, ya que, por un lado, afecta a la seguridad vial y coloca al consumidor en una situación de desprotección e indefensión; y por otro, supone un grave menoscabo económico para los profesionales que prestan este servicio de transporte de forma regulada y de acuerdo a la normativa.
En ese sentido, los vehículos ilegales de transporte de viajeros no se ven sujetos a ningún control y sus conductores pueden no contar siquiera con el carné de conducir, mientras que un taxi oficial ha de someterse a una revisión anual mucho más exigente que la ITV rutinaria, con un conductor que ha de superar pruebas de capacitación y renovar su licencia también con una periodicidad anual. Además, en caso de siniestro en un taxi pirata, los usuarios no pueden beneficiarse de la cobertura del seguro obligatorio del automóvil.
