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Almería

Un juez autoriza desalojo y demolición de un local ocupado en El Ejido

Un local ocupado en el residencial 'Los Patios' de San Agustín tan sólo un mes después de que el Ayuntamiento ejidense declarase la inhabitabilidad

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  • Juzgados. -

Un juez ha autorizado el desalojo, limpieza, cegado y demolición de construcciones de un local ocupado en el residencial 'Los Patios' de San Agustín, en El Ejido (Almería) tan sólo un mes después de que el Ayuntamiento ejidense declarase la inhabitabilidad del mismo.

Según informa el Consistorio en una nota, ha sido dictado un auto que autoriza al gobierno local al desalojo del morador y de cuantas personas se encuentren allí, aún de forma transitoria, con todos sus enseres.

También autoriza la demolición de todas las construcciones realizadas en el interior del local, así como la limpieza íntegra, desinfección y cegado de los huecos e instalación de puertas de seguridad de forma que se impida el acceso a toda persona no autorizada a la propiedad, todo ello bajo apercibimiento de ejecución subsidiaria.

El alcalde, Francisco Góngora, ha destacado "los buenos resultados que está dando el trabajo serio y riguroso impulsado desde el área de Alcaldía y la Policía Local, con la creación de un protocolo de actuación para la declaración administrativa de situación de inhabitabilidad e insalubridad de la infravivienda ocupada en el municipio que pueda permitir su rápido desalojo".

Igualmente, el regidor ha mantenido varias reuniones con Policía Local, Urbanismo, Servicios Jurídicos, entidades bancarias, fondos de inversión e inmobiliarias, que tienen el mayor número de activos ocupados en El Ejido, para estrechar la colaboración y desarrollar este protocolo por la vía administrativa.

El objetivo, ha dicho, "es poder actuar con agilidad en el cegado de huecos, tapiado de puertas, colocación de puertas anti-ocupas y candados, y en la limpieza una vez se proceda al desalojado de sus respectivos inmuebles".

En este mismo residencial ya se ha conseguido el desalojo de numerosas viviendas; la identificación de los más de 100 moradores; el corte de enganches y reenganches ilegales junto con la compañía Endesa, y la instalación puertas 'antiocupas', rejas y alarmas.

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