Según las centrales sindicales, la Ley Orgánica de Educación (LOE), estableció en su disposición transitoria segunda un procedimiento de jubilación “anticipada, voluntaria, incentivada y gratificada” similar al establecido en su momento por la LOGSE, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2011, momento en el que finaliza el periodo de implantación de la citada ley. Esta disposición transitoria establece que antes de la finalización del periodo de implantación de la LOE, el Gobierno “procedería a la revisión del tiempo referido al régimen de jubilación voluntaria así como los requisitos exigidos” previa consulta con las comunidades autónomas.
Asimismo, según han explicado las organizaciones sindicales, el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 67.2, reconoce que “por ley de las Cortes Generales, con carácter excepcional y en el marco de la planificación de los recursos humanos, se podrán establecer condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial”. En sus propuestas para un Pacto Social y Político por la Educación, el Ministerio de Educación “incluye como objetivo el reconocimiento profesional y social del docente”. Por lo tanto, la prórroga de la jubilación anticipada incentivada es una de las medidas “más importantes para este reconocimiento”. Además, el acuerdo de 20 de octubre de 2005 establece que “antes de finalizar el periodo de vigencia citado, se estudiará su prórroga y, en su caso, la modificación de sus requisitos”.
En este contexto, las organizaciones sindicales de la enseñanza pública andaluza, UGT, CCOO, ANPE, CSI-F y USTEA, exigen “la apertura inmediata de negociaciones de la Mesa Estatal Sectorial de Educación para alcanzar un acuerdo para la prórroga de jubilación LOE”, reivindicación que consideran “irrenunciable”. Así, piden “al profesorado un compromiso con las acciones que, desde común acuerdo, estas organizaciones propongan al objeto de poder alcanzar el objetivo marcado de la prórroga de la jubilación voluntaria incentivada, conocida como jubilación LOE”.
