Los profesionales, en ocasiones desde el punto de vista sindical, concluyeron que el actual sistema sanitario andaluz está abocado al fracaso o, lo que es lo mismo, es “víctima de su propio éxito”; es decir, que sus loables aspiraciones son inviables económicamente en una comunidad que destina a sanidad un presupuesto más bajo que el resto del país y de gran parte de Europa. Como segunda y clara conclusión, que en la actualidad se imponen los criterios políticos a los puramente técnicos en detrimento de los profesionales y, por ende, del usuario. Y como tercera y más certera, que hace falta urgentemente la despolitización del sistema si se quiere mantener un servicio solidario, en el que impere la coherencia frente a un rédito electoral. En este sentido, la mayor parte de las críticas fue para la administración andaluza, que ha gestionado las políticas sanitarias desde que les fueron transferidas.
Dos declaraciones muy duras
Varios médicos veteranos aseguraron que nunca habían vivido una situación “tan catastrófica”. Uno llegó a mencionar que existe miedo por denunciar a los medios determinadas situaciones que sufren en su trabajo, en los centros de atención y en el propio sistema público, acusando a la administración de tomar represalias personales.
Otra de las perlas del debate fue que “no se puede confundir una sanidad de calidad con un transplante de cara”, cuando hay médicos que viven el día a día en sus consultas sin los medios adecuados y soportando el aumento de la violencia del usuario. Eso sí, quedó bien claro que el único culpable de las agresiones a un sanitario es el autor, aunque buceando en el origen de los casos está evidentemente la insatisfacción del usuario, en muchos casos por esperar más de lo deseado para ser atendido, lo cual nunca debe justificar una conducta violenta, sentenciaron.
Con este asunto que tanto inquieta a los profesionales sanitarios -el martes comenzó una campaña de promoción en contra de la violencia en los centros de salud del Distrito Sierra del SAS- se establecieron algunas diferencias entre la seguridad en los hospitales y en los centros de salud, ya que por norma general en el primero de los casos existe personal de seguridad, mientras que los segundos son más vulnerables. Ello, no obstante, también tiene un trasfondo de educación, cuyos valores, como en la propia sanidad, se están desmoronando, según coincidieron los intervinientes.
La situación, en cualquier caso, deriva claramente en una desmotivación de los trabajadores, desde médicos hasta auxiliares, pasando por los técnicos, celadores, etc., por las condiciones en las que desempeñan su trabajo, a lo que suman la congelación de un salario que ya de por sí consideran bajo en todas las categorías sanitarias.
“Muchas veces no tenemos tiempo para atender al usuario, y en el caso de Arcos los centros están colapsados. No sé cómo no hay más denuncias, y no porque los profesionales no quieran trabajar, sino porque se ven desbordados. Las plantillas son insuficientes y no se cubren adecuadamente las sustituciones por motivo de cursos, excedencia, enfermedad...”, señaló desde el Satse Eduardo Párraga.
Desde el sindicato de funcionarios, su hermano y médico de atención primaria José Antonio Párraga pedía claridad a la administración andaluza para que reconozca que “el sistema sanitario se desmorona, que hace falta trabajar y que se haga un pacto para despolitizar la sanidad, para que no sea un arma arrojadiza sin de verdad queremos que no se nos vaya al garete. No se le está diciendo la verdad al ciudadano”.
La mesa de debate se cerró poniendo sobre la mesa una dura medida, el copago de la sanidad pública, que obligaría al usuario a pagar una parte del coste de su atención. Para los ponentes, en este momento en que se toman medidas sociales duras partiendo de una realidad no menos dura es cuando se podría estudiar esta posibilidad, que serviría en definitiva para hacer viable el sistema al que aspira Andalucía. “El sistema no es sostenible económicamente y hay que decirlo. Uno de los primeros pasos es retirar de la sanidad esa inmensa impregnación política”.
A pesar de todo, y ya como sindicalistas, hicieron un ejercicio autocrítico de cara a la eficiencia de su trabajo, pero señalaron que “ahora es el momento” de preguntar al Gobierno andaluz si está dispuesto a seguir costeando gratuitamente el cambio de sexo, la píldora del día después, la atención a la creciente inmigración, etc. si después no va a haber recursos suficientes para atender a los ancianos y otras prioridades sociales.
Si bien todos los presentes defendieron a ultranza un sistema público, también reclamaron a la Consejería de Salud más control sobre los conciertos con los privados para que cumplan con las mismas garantías que un centro público.
El sector se siente unido para obligar a la Junta a rectificar
La portavoz del PP en el foro de sanidad, Carmen Pedemonte, señaló que “hay mucho que mejorar” en sanidad, al tiempo que atribuyó al foro impulsado por su partido otra visión de la realidad “que nos permitirá llevar un programa para las próximas elecciones perfecto, porque vamos a tener respuestas reales”. El PP cree que la situación del sistema sanitario público español requiere un pacto de Estado.
Desde el Sindicato provincial de Atención Primaria, Sebastián Cantos, se refirió a la creciente violencia verbal y física en los centros de salud, señalando que “las circunstancias están haciendo más favorable una agresión injustificada por falta de seguridad en el trabajo, una infraestructura inadecuada, una presión del profesional con saturación de trabajo... favorece esa agresión de un ciudadano que en ningún momento está justificada”. En otro orden, pidió más control para que los profesionales extra comunitarios que ejercen en España demuestren su titulación. “Bienvenido sean porque hay falta de médicos, pero no podemos traerlos sin validación y homologación”. Desde CCOO, José Luis Maiztegui se refirió en particular a los problemas en la atención primaria, “un modelo en decadencia porque los recursos planteados se han visto paralizados desde hace diez años. Ello deriva en la insatisfacción del usuario, a veces en las agresiones, y es un modelo que desmotiva al trabajador”. En este sentido, hizo un llamamiento social para plantear un nuevo modelo que permita la supervivencia del sistema público. El profesional sanitario aprovechó para desmentir que se esté cumpliendo el tiempo mínimo de atención de diez minutos por paciente que “vende” la Junta de Andalucía.
Desde el Satse, el médico Eduardo Párraga dudaba de la despolitización de la política porque “es un terreno muy propicio para la política y los dos partidos con opciones a gobernar España no van a querer soltar el hueso”. Así, planteó un nuevo modelo sanitario y un cambio de gestión, “donde las cuestiones políticas queden en un segundo plano y se le dé prioridad a la opinión de los profesionales y de sus representantes”. Éste no fue un comentario aislado, pues la docena de profesionales presentes en el acto coincidieron en todo momento en esta opinión.
La Escuela de Enfermería, en el alero
Como cabía de esperar, la polémica surgida en torno a la escuela de enfermería de la Sierra salió a relucir. La mayoría concluyeron que una escuela más en la provincia sólo aumentaría el desempleo en esta especialidad. Así lo entiende el CSIF partiendo del paro que sufren los enfermeros. El sindicato sostiene que se está dejando a un lado en el debate el papel de la Universidad y que son muchos los enfermeros que marchan a ejercer a otros países por falta de oportunidades. Además, se cuestionan los intereses de la empresa privada que impulsa este proyecto. Desde CCOO, José Luis Maiztegui, sin entrar en valorar la reacción política, reiteró idénticos argumentos. Desde el Satse, Eduardo Párraga dijo que la única bolsa de empleo en la categoría de enfermería tiene pendiente de trabajar a más de 25.000 enfermeros, por lo que una escuela para sacar a más gente al paro es un disparate. “No le cerramos el camino a la escuela, pero ahora hay otras prioridades como la de solucionar el paro”.
