En momentos de crisis como el actual la solidaridad entre los diferentes colectivos es fundamental para salir adelante. Desde diversos foros se han promovido en los últimos meses campañas para fomentar el consumo como herramienta para la generación de riqueza. Sus promotores sostienen que la cohesión y concienciación social son la única manera de conseguir salir de esta crisis.

La iniciativa ‘Esto sólo lo arreglamos entre todos’ ha sido aplaudida por muchos, aunque hay otros tantos que siguen pensando que guardar el dinero bajo el colchón por si las cosas pintan aún peor y hay que echar mano de los ahorros es lo mejor que se puede hacer.

Diferentes perspectivas sobre una misma cuestión: el miedo a perder el nivel económico que se ha conseguido después de muchos años de trabajo y esfuerzo y, sobre todo, a tener que renunciar a nuestra calidad de vida.
Pequeños placeres típicos de la cultura española, como ir de tapas o tomar una cerveza o un refresco en una terraza para combatir el calor, están en peligro de extinción, aunque sea una extinción reversible, porque se da por un hecho que antes o después la economía española volverá a crecer.

Es ahí donde surge la duda. ¿Es esta la solución para mejorar nuestra economía personal? ¿Qué consecuencias pueden tener para cada uno el suprimir unos gastos que se podrían considerar innecesarios? y, sobre todo, ¿nos planteamos qué consecuencias va a generar en los demás?

Lo que está claro es que un pequeño ahorro individual, sumado a otros muchos pequeños ahorros individuales, pueden traer consigo el que los empresarios que prestan esos servicios que se suprimen pierdan sus ingresos. Esto supone, no sólo que se pueden quedar sin sus negocios, sino que a su vez se desencadena un efecto dominó en el que dejan de comprar a los proveedores, estos tienen que prescindir de los profesionales del reparto, quienes al quedar en el paro tienen que recibir prestaciones del Estado, que a su vez tendrá más dificultades para concederlas porque los empresarios que cerraron sus negocios han dejado de pagar sus impuestos... Y así sucesivamente.

Ya se sabe que los españoles son personas viscerales, que a menudo se dejan llevar por impulsos, pero en esta ocasión, cualquier decisión tiene unas consecuencias importantes, por lo que la gestión de la crisis no es simplemente una cuestión de calculadoras.

Por otro lado, a través de la televisión, con programas especiales en los que la gente se vuelca en colaborar con cualquier causa humanitaria siempre que la ocasión lo precisa, ya sea por desastres naturales en cualquier parte del mundo u otro tipo de sucesos, sabemos que España es uno de los países más solidarios del mundo. ¿Hará la crisis que se pierda ese espíritu? Es otro de los riesgos con los que hay que contar.

Las nuevas medidas de ahorro anunciadas por el Gobierno central, con los recortes a los sueldos de los funcionarios y demás personal de las administraciones públicas ha provocado una ola de reacciones contrarias incontrolable. Se trata de un sector caracterizado por la estabilidad en el empleo y, en general, por la correcta regulación de sus condiciones laborales, tanto en sueldo como en horarios. A algunos les puede parecer que su reacción, con la convocatoria de movilizaciones y huelgas, es algo exagerada, pero es cierto que la sensación de “pagar el pato” de la que la mayoría se queja es consecuencia de ser el primer grupo concreto de trabajadores al que se le toca la cartera.

Está claro que no son los únicos, pero los demás han visto mermadas sus posibilidades económicas, o lo que es más grave, han perdido sus puestos de trabajo, por el efecto colateral de la crisis, no porque alguien en el Gobierno haya decidido un perjuicio contra ellos en concreto.

Todo esto está conduciendo a los funcionarios, y la sociedad en general, a un camino en el que realmente se verá si la solidaridad vale para todos o sólo para los telemaratones.

A pesar del éxito de las campañas que, como en el caso de ‘Esto sólo lo arreglamos entre todos’, promueven el consumo como forma de generar movimiento en la economía, los funcionarios gaditanos están promoviendo una nueva vía para protestar por el “tijeretazo” en sus nóminas. La mayoría, de todas las administraciones con delegaciones en la ciudad, ya ha recibido un correo electrónico en el que se propone que se deje de salir a desayunar fuera. El salir desayunado de casa o llevarse la primera comida del día ya preparada tendría unas consecuencias gravísimas para los propietarios de muchos locales hosteleros que basan su negocio precisamente en eso, en los desayunos.

Al parecer, muchos funcionarios creen que secundar la huelga convocada por los sindicatos el día 8 de este mes de junio, es decir, el próximo martes, no les va a servir de mucho. Al menos, los beneficios a corto plazo que tendrán con sumarse a la movilización no les compensaría el hecho de perder el dinero de una jornada laboral, que en casi todos los casos es una cifra considerable. Es por esto por lo que están buscando formas paralelas para hacer notar su enojo con las medidas del Gobierno.

Probablemente el dinero que se gastan en desayunar a diario en la calle no se acerca si quiera al cinco por ciento de su sueldo, pero se trata de buscar una manera de recavar apoyos para su cruzada. Los amagos de solicitar una huelga general no parecen haber tenido demasiado éxito hasta el momento. Tampoco lo tuvieron antes cuando los promotores de la misma eran los empresarios y trabajadores del sector privado que fueron los primeros en sufrir en sus carnes los efectos de la crisis económica mundial.

Quizá los propulsores de esta iniciativa, con la que se trata de demostrar las consecuencias que traería consigo la pérdida de poder adquisitivo por parte del funcionariado, no han tenido en cuenta a la otra parte implicada. El hecho de desayunar en el trabajo, según se mire, puede resultar para algunos como una experiencia casi divertida, como una forma de romper la rutina de años, pero para los dueños de los bares puede ser la ruina.

Hosteleros
Así lo confirma el presidente de la patronal hostelera gaditana, Antonio de María Ceballos. El máximo representante de Horeca no tiene apenas información sobre la forma es que se piensa llevar a cabo esta singular protesta -si es que es aceptada por la mayoría de los empleados públicos-, pero tiene claro que de llevarse a cabo sería un tremendo golpe para un sector como es el hostelero que lleva ya meses sufriendo las consecuencias de la crisis.
Las cajas registradoras de los bares y restaurantes ya vienen notando desde hace tiempo que muchos han decidido comenzar con sus propios “tijeretazos” ahorrando en tomar algo o comer en la calle. Hasta los cruceristas salen a dar una vuelta y se vuelven a comer a los barcos para no gastar.

Hasta ahora, uno de los pocos ingresos fijos que tenían era el de los desayunos, especialmente en los locales situados en las zonas cercanas a cualquiera de las múltiples dependencias de administraciones públicas de la ciudad.

Si unido a todo lo anterior, encima tienen que hacer frente a la pérdida del dinero generado por cafés y tostadas, más de uno tendrá que colgar el cartel de “cerrado”.

Antonio de María Ceballos explica que esta situación afectaría en mayor medida a los bares situados junto a las oficinas de las diferentes administraciones. “Muchos de estos negocios se han montado, de hecho, porque tienen cerca a ese personal funcionario que genera una demanda”.

“Un bar que esté por ejemplo al lado de los juzgados tendrá que cerrar. La prueba es que casi todos estos establecimientos cierran los domingos o por la noche, porque su fuente de ingresos principal son los desayunos de todo este público”.

Para el presidente de Horeca se trataría de una medida de protesta “muy poco elegante”. “¿Qué es lo que van a conseguir dándole una guantada a un tercero?”, se pregunta.

De cualquier modo, aún queda por saber la aceptación que tendría la medida y, en caso de tener seguimiento, por cuánto tiempo sería.

Lo que para unos se presenta como una medida con un cierto componente “simpático”, para otros se plantea como la puntilla a unos negocios que ya de por sí sobreviven a duras penas.

Los comerciantes ven en las medidas un “cóctel molotov”
El recorte que el Gobierno central va a aplicar a los sueldos de los funcionarios y de los pensionistas sumado a la subida del IVA se traduce en menos poder adquisitivo y, por tanto, menos capacidad para el consumo. Este silogismo trae de cabeza a los comerciantes de la capital, que ven en estas medidas un “cóctel molotov” que tiene todas los ingredientes necesarios para que les estalle en la caja registradora.

Para los comerciantes de Cádiz, el decreto del Gobierno es de todo menos factible para ellos. Aunque todavía es pronto para hacer una estimación de cuánto dejarán de ingresar, están seguros de que se percibirá una bajada en el consumo y de que, a menos que ocurra un milagro, el verano será de “mucha playa y mucho paseo pero poco gasto”. Así lo asegura el secretario de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico Cadiz XXI, Manuel Fedriani.

Según este comerciante, con estas medidas el Gobierno central ha vuelto a sembrar el miedo en los ciudadanos: “La gente ha visto que los funcionarios han dejado de ser intocables, y l lo primero que piensan es qué le puede llegar a pasar entonces a los que trabajan para la empresa privada”.

Según Fedriani todo esto va a suponer una merma en la capacidad de creación de empleo que tienen los comercios: “Si tenemos menos ingresos, hay que recortar, y de lo único que se puede recortar es de personal”.
El presidente de Cádiz Centro Club de Calidad, Juan Tovar, cree que los 30.000 millones de euros que el Estado se quiere ahorrar con estas medidas, se sacarán directamente de las rentas de los comerciantes. Tovar tiene asumido que el primer sector que va a sufrir las consecuencias de este decreto será la pequeña y mediana empresa, y eso le hace rechazar de plano la propuesta del Ejecutivo central, apoyada en el Congreso de los Diputados.

Y es que el recorte anunciado a los funcionarios y a los pensionistas se puede mirar desde dos puntos de vista. Por un lado, el ahorro que supondrá al Estado y la solidaridad hacia el resto de los trabajadores, pero por otro, baja el nivel de compras y, por tanto, de riqueza.