Pero el proceso no es tan simple como parece, ni tampoco está tan claro que la justicia quite la razón al ‘okupa’.
En ayuntamientos como el de Barcelona se ha optado por tapiar las viviendas que gestiona el patronato con puertas de hierro una vez que éstas se quedan vacías para evitar que se apoderen de ellas de manera ilegal. Se estima que una vez emprendido el proceso judicial, se tarda entre 6 y 18 meses en recuperar el piso, aunque en algunos casos el juez termina por dar la razón al ‘okupa’ al tratarse de viviendas sociales para personas necesitadas y Jonathan cumple este requisito.
En el caso de este joven, todo lo ha hecho de forma pacífica. Esto quiere decir que es prácticamente imposible que vaya a prisión, y que sólo tenga que responder a una multa que se cuantificará en función de su poder adquisitivo. Sólo si no paga, el juez podría decretar su ingreso en prisión por un periodo que oscilaría entre los tres y los seis meses.
Beatriz Urbano es una abogada especializada en este tipo de casos. La letrada explica que lo primero que hay que hacer si al volver a casa se encuentran a un ‘okupa’ es interponer una demanda en los juzgados por deshaucio en precario. No obstante, la abogada reconoce que es difícil echarlos de casa “y no porque la ley sea lenta, sino porque las posibilidades de actuación son complejas”.
En el caso de que la vivienda sea de titularidad privada, el principal problema es que el dueño (o sus herederos en caso de que el propietario haya fallecido) puedan demostrar que es suyo. La cosa cambia si la vivienda es de titularidad pública, porque la que tiene que ejecutar esa acción sería la administración a la que pertenece, y a veces no suelen hacerlo y lo dejan pasar. En este caso, el proceso se complica aún más si los herederos pueden demostrar que tenían un derecho preferente ya reconocido sobre otra persona para ocupar la vivienda.
La abogada explica que, según su experiencia, el proceso judicial suele tardar en culiminarse seis meses como mínimo.
Beatriz Urbano asegura que cada vez hay más casos en la provincia y también en Cádiz capital de ‘okupas’ que se apoderan de pisos rehabilitados por la Junta de Andalucía, “porque hay poco suelo y pocas viviendas”. En cuanto al perfil, la letrada explicó que está cambiando, “ahora son gente joven de clase media, bien socializadas y no necesariamente procedentes de familias desestructuradas”. Esto hace que los ‘okupas’ sean gente cada vez más formada y bastante informada sobre cómo tiene que realizar la okupación para evitar sanciones. Y es fácil encontrar información al respecto, sólo hay que meterse en Internet para encontrar una asesoría de okupas con consejos.
La Policía Nacional afirma, sin embargo, que esto no es más que un hecho aislado. El debate es qué ocurrirá si finalmente el juez da la razón a Jonathan, porque a buen seguro abrirá la veda a más historias de este tipo y sobre todo en estos momentos de crisis.
Por ahora, el joven ‘okupa’ no va a abandonar la vivienda. Ayer adelantó que va a seguir luchando hasta el final, “porque sabía que esta casa se iba a quedar vacía y que sería para una persona necesitada y yo estoy en esa circunstancia”.
Es más, Jonathan ha dado todos los pasos de manera pacífica, sin negarse a que los familiares entren a recoger sus cosas y además cuenta con el apoyo de muchos vecinos del barrio que están incluso recogiendo firmas para ayudarle. Todo esto puede sumar a su favor a la hora de enfrentarse a un juicio al que tendría que asistir sin riesgo a que la Policía Nacional lo desaloje durante su ausencia.
Es decir, que el final no está tan claro, y lo que más da que pensar es qué pasará si el juez termina por darle la razón y desautoriza su deshaucio. El Ayuntamiento tampoco puede actuar al margen de los tribunales, porque de ser así ampliaría las posibilidades de que Jonathan siga en la casa.
