Macías ha expresado que según le han comunicado será un juez quien ordene su desalojo, después de una denuncia del Patronato de Vivienda.
Esta casa de la barriada del Cerro del Moro de Cádiz tiene la calificación de Protección Oficial, por lo que la responsabilidad sobre la propiedad, tras la muerte de su dueña, recae en el Ayuntamiento.
“Al pasar las primeras 24 horas la policía no puede actuar, por lo que será un juez y la autoridad competente quien lo desaloje”, según han explicado fuentes del Ayuntamiento de Cádiz.
Este parado que lleva más de nueve días encerrado en casa de su vecina ha explicado que vive una situación desesperada, ya que ha perdido la custodia de sus dos hijos y no tiene vivienda ni trabajo.
Según Macías, la necesidad le ha obligado a esto, “ante la incapacidad de la Junta y de las administraciones para ayudarme”.
“Me metí en esta casa porque sabía que la dueña no tenía ni hijos ni familiares a los que dejarles la vivienda”, dice.
Aunque la situación sea adversa, no piensa marcharse de la vivienda, “estoy sin luz y sin agua pero de aquí no me muevo”, ha expresado.
Ante esta situación los vecinos del barrio de Jonathan están recogiendo firmas para apoyarle como muestra de solidaridad.
Necesidad
Jonathan explicaba hace unos días a este periódico su dramática situación. Asegura que nunca podrá acceder a una vivienda, ni siquiera de alquiler, porque parte de su sueldo o en este caso del paro, se lo tiene que pasar a sus hijos. Su madre tampoco puede ayudarle más de lo que ya lo hace, porque son una familia humilde de pocos recursos.
El propio Jonathan no se cree que haya sido capaz de meterse en una casa ajena, y menos haberlo hecho apenas unas horas después de fallecer su inquilina, pero asegura que es la única manera de que nadie se le adelante: “Llevo más de tres años pidiendo una vivienda a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento, pero no consigo nada. Cada vez que me enteraba de que una casa se había quedado vacía, preguntaba y me decían que ya esta adjudicada. He hecho esto para que no se me adelanten”.
Este hombre dice que no tiene ningún problema en que los familiares de la fallecida venga a recoger sus cosas. Es más, le “encantaría” que fuera así, porque ni siquiera entra en las habitaciones para evitar que se le pueda acusar de que ha estado tocando cosas que no le pertenecen. Actualmente, duerme cada noche en un colchón que le ha traído su madre, en medio del pasillo. Asegura que se siente “muy agobiado”, porque no puede salir de la casa.
Jonathan asegura que previamente se había informado de que la fallecida no tenía hijos que pudieran reivindicar el derecho a disfrutar del piso.
Un proceso judicial que se alarga
En ayuntamientos como el de Barcelona se ha optado por tapiar las viviendas que gestiona el patronato con puertas de hierro una vez que éstas se quedan vacías para evitar que se apoderen de ellas de manera ilegal. Se estima que una vez emprendido el proceso judicial, se tarda entre 6 y 18 meses en recuperar el piso, aunque en algunos casos el juez termina por dar la razón al ‘okupa’ al tratarse de viviendas sociales para personas necesitadas y Jonathan cumple este requisito. En el caso de este joven, todo lo ha hecho de forma pacífica. Esto quiere decir que es prácticamente imposible que vaya a prisión, y que sólo tenga que responder a una multa.
