Metrovacesa interpondrá demanda contra Joaquín Rivero
Llevó a cabo actuaciones qeu entienden fueron lesivas para la tesorería de la sociedad
La primera inmobiliaria española cotizada por valor de activos, Metrovacesa (controlada en la actualidad por un grupo de cajas de ahorro y bancos), investiga a varios de sus ex presidentes, entre los que se encuentra uno de los socios de Puerto Sherry, Joaquín Rivero.
La compañía sospecha que llevaron a cabo operaciones lesivas para la tesorería de la empresa en sus años de mandato y prepara demandas, siendo la primera contra Rivero. Con esta noticia, la empresa deja a un lado el principal problema al que se enfrenta, la refinanciación de su deuda, cercana a los 6.000 millones de euros, que se puso encima de la mesa en la asamblea de su junta general de accionistas hace escasos días.
Según señalan algunos medios de comunicación, las fuentes cercanas a Metrovacesa apuntan a que la compañía actuará primero contra Joaquín Rivero, que presidió la inmobiliaria hasta diciembre de 2007.
Concretamente, en un comunicado de prensa la entidad habla de “emprender una acción social de responsabilidad contra Joaquín Rivero y Manuel González en relacion con algunas operaciones realizadas en los años en que fueron presidente y consejero delegado de la compañía”, por lo tanto, las personas con mayor poder decisión de la misma.
En concreto, la demanda “se llevará a cabo por los posibles perjuicios ocasionados a la sociedad en relación con una operación de comisión mercantil suscrita con la sociedad Eusko Levantear Eraikuntzar II, para la adquisición de unos terrenos en el término municipal de Marbella, así como por otra operación consistente en la adquisición de unas obligaciones convertibles de una sociedad denominada Stratum Industrie”.
Parece ser que la única razón de actuar en primer lugar contra Rivero es porque su responsabilidad en las actuaciones descritas “prescribirían a los cuatro años desde que dejó el cargo”, por lo que sólo restarían seis meses para poder emprender las acciones necesarias.
Recordar que Joaquín Rivero presidió Metrovacesa desde que su empresa Bami la adquirió en 2002 hasta que en 2006 la familia Sanahuja tomó el control de la inmobiliaria. Contra uno de sus miembros, Román Sanahuja, que forzó a Rivero a abandonar la presidencia de Metrovacesa, también se estudia interponer una demanda, pues igualmente sus actuaciones no son del todo del gusto de la junta de accionistas.
Por su parte, Rivero también ha contestado a estas acusaciones, confirmando que “de estas reclamaciones tuve constancia mediante carta enviada vía conducto notarial por el consejero delegado de Metrovacesa, Eduardo Paraja, el 19 de noviembre de 2009, y al que contesté por la misma vía notorial el 30 de noviembre de 2009 y el 4 de enero de 2010”. Sin entrar en muchas consideraciones defiende su posición en tres actuaciones, préstamo Belardos, operación Marbella y bonos convertibles Stratum, pero admite que los actuales gestores de Metrovacesa “tratan de desviar la atención” ante el ejercicio de 2009.
La compañía sospecha que llevaron a cabo operaciones lesivas para la tesorería de la empresa en sus años de mandato y prepara demandas, siendo la primera contra Rivero. Con esta noticia, la empresa deja a un lado el principal problema al que se enfrenta, la refinanciación de su deuda, cercana a los 6.000 millones de euros, que se puso encima de la mesa en la asamblea de su junta general de accionistas hace escasos días.
Según señalan algunos medios de comunicación, las fuentes cercanas a Metrovacesa apuntan a que la compañía actuará primero contra Joaquín Rivero, que presidió la inmobiliaria hasta diciembre de 2007.
Concretamente, en un comunicado de prensa la entidad habla de “emprender una acción social de responsabilidad contra Joaquín Rivero y Manuel González en relacion con algunas operaciones realizadas en los años en que fueron presidente y consejero delegado de la compañía”, por lo tanto, las personas con mayor poder decisión de la misma.
En concreto, la demanda “se llevará a cabo por los posibles perjuicios ocasionados a la sociedad en relación con una operación de comisión mercantil suscrita con la sociedad Eusko Levantear Eraikuntzar II, para la adquisición de unos terrenos en el término municipal de Marbella, así como por otra operación consistente en la adquisición de unas obligaciones convertibles de una sociedad denominada Stratum Industrie”.
Parece ser que la única razón de actuar en primer lugar contra Rivero es porque su responsabilidad en las actuaciones descritas “prescribirían a los cuatro años desde que dejó el cargo”, por lo que sólo restarían seis meses para poder emprender las acciones necesarias.
Recordar que Joaquín Rivero presidió Metrovacesa desde que su empresa Bami la adquirió en 2002 hasta que en 2006 la familia Sanahuja tomó el control de la inmobiliaria. Contra uno de sus miembros, Román Sanahuja, que forzó a Rivero a abandonar la presidencia de Metrovacesa, también se estudia interponer una demanda, pues igualmente sus actuaciones no son del todo del gusto de la junta de accionistas.
Por su parte, Rivero también ha contestado a estas acusaciones, confirmando que “de estas reclamaciones tuve constancia mediante carta enviada vía conducto notarial por el consejero delegado de Metrovacesa, Eduardo Paraja, el 19 de noviembre de 2009, y al que contesté por la misma vía notorial el 30 de noviembre de 2009 y el 4 de enero de 2010”. Sin entrar en muchas consideraciones defiende su posición en tres actuaciones, préstamo Belardos, operación Marbella y bonos convertibles Stratum, pero admite que los actuales gestores de Metrovacesa “tratan de desviar la atención” ante el ejercicio de 2009.
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