El decreto del sector público enfrenta al funcionariado

El decreto Ley de reorganización del sector público andaluz ha conseguido enfrentar a los funcionarios en dos sectores diferenciados por el sindicalismo de clases y por el corporativismo, una norma que la Junta reiteró ayer que no será retirada.

De hecho, UGT y CCOO denunciaron ayer la existencia de grupos corporativos posicionados en contra del decreto con la pretensión de “imponer el gobierno de los funcionarios” y reivindicaron su papel como sindicatos de clase en defensa de los intereses generales.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, el secretario de relaciones institucionales de la UGT-A, Dioniso Romero, fue contundente al afirmar: “No vamos a dar ni un paso para que se potencien organizaciones que quieren que se implante el gobierno de los funcionaros en la administración”.

En su opinión, las plataformas de funcionarios que se han creado en contra del decreto -pactado entre la Junta y UGT y CCOO- responden a intereses corporativos y apostilló: “No vamos a permitir que ningún seudosindicato o grupos corporativos nos metan las cabras en el corral, vamos a responder con toda la energía y dureza que la UGT tiene como organización”.

Según Dionisio Romero, el Gobierno tiene la potestad organizativa y los sindicatos de clase defienden los derechos e intereses de los trabajadores y, en este sentido rechazó la idea de “que el gobierno tenga que ser el de los funcionarios” porque el que “quiera gobernar que se presente a las elecciones”, zanjó.

Alegó que el decreto potencia el sector público y no se pierden derechos ni de los laborales ni de los funcionarios y, por ello, no entiende “por qué se quiere imponer el gobierno de los funcionarios por parte de colectivos organizados en contra del decreto”, cuando antes se han hecho reestructuraciones parciales y agencias y “no ha pasado nada”.

En este sentido, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, lamentó la “división entre los trabajadores” y aseguró que los sindicatos seguirá “defendiendo lo público al margen de intereses corporativos y particulares”. Argumentó que el decreto garantiza los derechos laborales y un blindaje del futuro del sector publico ante las posiciones conservadores de algunos, tendentes a privatizar servicios públicos.

Ambos reclamaron a la Junta que cuanto antes plasme en el decreto las modificaciones pactadas con los sindicatos y que convoque la mesa general de la función pública.

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública afirmó ayer que el relevo del secretario general de la función pública, José Antonio Ortiz, “nada tiene que ver” con el rechazo de los funcionarios al decreto de reordenación del sector público y aseguró que “no se modificará”, palabras que puntualizó posteriormente en sede parlamentaria para apuntar que seguirán negociando pero que no será retirado.

“Aunque entiendo que pueda parecerlo, -el relevo aprobado el martes en el Consejo de Gobierno- nada tiene que ver con eso”, apostilló la consejera, quien destacó que Ortiz Mallol ha hecho un “trabajo espléndido” y ahora se le ha encargado la creación de un tribunal administrativo.

Recordó que con CCOO y UGT se ha alcanzado un acuerdo que modifica algunos puntos del decreto y aseguró que dicha norma no se va cambiar más, a pesar del rechazo del sindicato de funcionarios CSIF y de plataformas de empleados públicos, que el próximo sábado han convocado una manifestación en Sevilla. Posteriormente, apuntó, al igual que hizo la portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, que seguirán las negociaciones pero que el decreto “no se retirará”.

La consejera sostuvo que el decreto “no lesiona derechos de nadie” y sobre todo después del acuerdo sindical que “pone blanco sobre negro en cosas que no tenían una interpretación clara”, precisó. No obstante, entendió que pueda haber “algún funcionario que tenga cierta incertidumbre”, pero afirmó que “en la medida en que se vaya aplicando se irán despejando sus dudas”.

CSIF recurrirá el acuerdo e incluso estudia querellarse contra la consejera

Por su parte, CSIF-Andalucía anunció ayer que, además de su recurso al TSJA contra el decreto de reordenación del sector público, recurrirá el acuerdo “ilegal” de la Junta con UGT y CCOO y se querellará “si hace falta” contra la consejera de Hacienda por “hurtar” la negociación a los sindicatos de funcionarios.

Así lo dijeron en rueda de prensa su presidente andaluz, Rafael Hurtado de Mendoza, y la presidenta del Sector de función pública de la Junta de la CSIF, Alicia Martos, cuyos delegados se concentrarán hoy ante el Parlamento para que se derogue el decreto y contra la bajada salarial del 5% de este año a los empleados públicos, a la que denunciaron que se une un 2% de recorte adicional para 2011.

Protestarán por esas “agresiones” y por esa “medida adoptada con nocturnidad y alevosía” que les “vuelve a recortar más el salario en 2011 entre el 1,5 y el 2% de media en toda España”, al asegurar que las cuentas del Estado recogen “ladinamente” reducirles además en un 60% las pagas extras de julio y diciembre, aparte del 5% global.

El presidente de CSIF-A denunció la “intransigencia” del Gobierno por hacer una “reordenación unilateral enmascarándola con un acuerdo ilegítimo e ilegal con UGT y CCOO, sin negociar con los sindicatos realmente representativos y mayoritarios en la Mesa Sectorial de la Administración General”.

Para ambos, es el “único foro adecuado y legalmente establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público” para negociar sus condiciones, y no el foro de Concertación Social del que ha salido ese acuerdo con sus “sindicatos amigos”, donde están la patronal y otros sectores “a los que no afecta el decreto”.

“No tiene legitimidad y exigiremos hasta el final la derogación al atentar contra la independencia e imparcialidad de la prestación del servicio público”, aseveró Martos, que indicó que no van a “admitir que se le dé legitimidad vía Ley de Acompañamiento de los Presupuestos” a ese acuerdo.

El PSOE acusa al PP de financiar a la plataforma

Mientras, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, denunció ayer que el PP andaluz “financia” a la plataforma que reclama la derogación del decreto ley del sector público, una organización a la que calificó de “caballo de Troya” y de “quintacolumnista”.

En rueda de prensa, Jiménez aseguró: “Hay sindicatos de funcionarios que han surgido hace 22 días, financiados por el PP, que forman parte de su estrategia y que no defienden los intereses de los trabajadores públicos”.

Preguntado por si se refería a la plataforma “defiendomiderecho y la gestión pública”, que viene protagonizando protestas y pitadas en los actos públicos del Gobierno andaluz, contestó que “de repente han surgido grupos que se autodenominan plataforma y sindicatos de trabajadores públicos que tiene 35 días de vida y que están recibiendo apoyo político y económico del PP”.

“No es más que la cara y el altavoz del PP contra el sector público. El PP quiere un sector público débil por si alguna vez ellos gobiernan que sea fácil de desmontar”, insistió, para tildar a la plataforma de “quintacolumnistas y caballos de Troya” dentro de la función pública que “defienden los intereses del PP, no de los trabajadores públicos”.

Posteriormente, la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, anunció que van a interponer una querella criminal contra Mario Jiménez por acusarles “de manera incierta” de financiar a estos sindicatos.

Según Oña, toman esta decisión ante el intento de Jiménez de “imputar o responsabilizar” al PP de un hecho “del que no da ningún fundamento, detalle o prueba de veracidad”.