Ciudadanos insiste en que el robo de la Caja lo paguen los responsables políticos

El partido independiente Ciudadanos por San Fernando ha mantenido un encuentro con representantes de la Plataforma de Responsabilidades Políticas por el desfalco, que ha servido para poner en común ideas y proyectos sobre este tema.

Así, de un lado, la Plataforma reiteró su reivindicación de que se realicen en el Ayuntamiento las correspondientes auditorías contables y de gestión, con el fin de determinar el estado real de las cuentas municipales, manifestando su intención de que se asuman las responsabilidades políticas pertinentes, medidas que, hasta el momento, el Ayuntamiento ha ignorado.

Por su parte, Ciudadanos expuso a la Plataforma, que dentro de sus propuestas de gobierno, el primer lugar está ocupado por la realización de esas auditorías, con el objeto de conocer el estado exacto de la deteriorada salud financiera de las arcas municipales, investigando tanto el desfalco como la facturación del Alcantarillado.

Ciudadanos por San Fernando califica el desfalco como un hecho "alarmante y lamentable", que demuestra durante estos últimos años la falta de control del Ayuntamiento sobre el dinero público, y su incapacidad para gestionarlo.

Este partido recuerda que el desfalco se ha producido porque no ha funcionado el triple control de los fondos públicos, fijados en las leyes, es decir, el control de intervención, el control financiero y el control de eficacia, que tenían que haber realizado la estructura organizativa del Ayuntamiento.

Esta formación política reitera que no son los isleños los que deben sufragar la pérdida de saldo en las cuentas municipales producidas como consecuencia del desfalco, sino que manifiesta su intención de incoar expedientes de responsabilidad patrimonial, que concluyan en la determinación de las eventuales responsabilidades, debiendo los culpables responder con su patrimonio, como así lo establecen tanto la Ley de Bases de Régimen Local (art. 78), como el Texto Refundido de Régimen Local (art. 60), la Ley 30/92 (art. 145) y el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (art. 225). Esta petición ya fue desestimada en el año 2.009 por la Junta de Gobierno Local, integrada entonces por Partido Andalucista y Partido Popular.

Finalmente, ambas entidades acordaron un nuevo encuentro en fechas más cercanas a los comicios locales.