El Gobierno ha reclamado formalmente este viernes a Israel, mediante una nota verbal, que revierta su decisión de prohibir los contactos con los palestinos por parte del Consulado General en Jerusalén, que entra en vigor este sábado.
Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.
El titular de Exteriores israelí, Israel Katz, ha dado instrucciones para que el Consulado en Jerusalén no preste "servicio a residentes en la Autoridad Palestina ni llevará a cabo funciones consulares o de otro tipo fuera del distrito de Jerusalén, sin consentimiento previo por escrito del Ministerio".
La medida se adoptó en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno y también a las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sosteniendo que "Palestina será libre, del río hasta el mar", que fueron consideradas "antisemitas" por parte de Israel.
"Hemos trasladado una nota verbal al Gobierno israelí en la cual rechazamos cualquier cortapisa a la actividad normal del Consulado General de España en Jerusalén, porque tiene un estatuto que está garantizado por el Derecho Internacional y por la Convención de Viena", ha explicado.
Ese estatuto, ha añadido el ministro, "no se puede cambiar unilateralmente por parte de Israel" sino que lo que existe es una "reciprocidad" en las garantías, privilegios e inmunidades entre representaciones diplomáticas, de ahí el que el Gobierno haya rechazado "de plano" la decisión y haya pedido que "se revierta".
Por otra parte, Albares ha indicado que España trabaja también junto con Irlanda y Noruega, los otros dos países europeos que este martes también reconocieron a Palestina, para hacer una "comunicación conjunta" frente a las "falsedades y calumnias" vertidas por Katz contra los tres gobiernos en los últimos días, si bien no ha aclarado cuándo.
El ministro ya había adelantado el martes que esa respuesta sería conjunta y sería "firme y serena" cuando los tres países lo consideraran adecuado y no cuando Israel intentara forzarles a hacerlo, denunciando que lo que buscaba el Gobierno de Benjamin Netanyahu era desviar la atención del reconocimiento de Palestina.
Por otra parte, el jefe de la Diplomacia ha vuelto a reiterar que a quien corresponde dictaminar si en Gaza se está cometiendo un genocidio por parte de Israel es a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ha insistido de nuevo en que el Gobierno apoyará "la decisión que tome".
Preguntado sobre cuál es su definición de genocidio, Albares ha afirmado que "es el intento sistemático de erradicar a un grupo humano, sea por su procedencia racial, ideológica, cualquier tipo de orientación, allí donde se encuentre", si bien no ha querido entrar en "una discusión verbal" sobre si es lo que está haciendo Israel en la Franja.
Lo importante en estos momentos, ha añadido, es que todos trabajen para "parar esta guerra inmediatamente, terminar con el bombardeo de población civil que está causando tantas muertes y tanto dolor innecesario, y desde luego que se apliquen las medidas que la CIJ está dictando", en referencia a la orden de parar la ofensiva israelí sobre Rafá y otras medidas cautelares previas dictadas por este tribunal.
