Un integrante del colectivo de comerciantes de Sierra Bermeja ha denunciado al Ayuntamiento de San Roque ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por la falta de respuesta de la institución municipal acerca del proyecto previsto en la calle Sierra Bermeja.
El denunciante expone que el pasado 28 de mayo solicitó información al Consistorio acerca de la “construcción prevista de aparcamiento subterráneo”.
Posteriormente, el alcalde, a preguntas del PP en el Pleno, se limitó a decir que el proyecto previsto era de una “plaza pública” en la zona.
El pasado 27 de junio, se celebró una reunión a la que acudieron varios representantes de los comerciantes de Sierra Bermeja. El denunciante relata que “el equipo del concejal delegado de Urbanismo” tenía “un fichero PDF” con el Proyecto Básico de la obra referida. Tras solicitarle copia del mismo en lápiz de memoria el edil se habría negado, según el denunciante indicando que “no le dejan” y que “no me puedo llevar la información”, excusándose en que “se me va a responder oficialmente con el índica de documentos”, si bien se le advirtió que el plazo para contestar “finalizaba precisamente ese 27 de junio”.
El denunciante añade que existe “un vídeo subido a la plataforma Youtube que es una representación en 3D del citado proyecto”, que estaría, no obstante, “bajo perfil privado para impedir a los ciudadanos el acceso”.
También añade que “ninguno de los departamentos consultados” –intervención, urbanismo, tesorería, etc.) le habría indicado “cómo se han contratado los servicios de la empresa que hizo en mayo mediciones relativas al citado proyecto de aparcamiento subterráneo”.
Para este denunciante, “tanto la documentaión de la contrataión de la empresa para los estudios previos y el resultado de los mismos, como el proyecto básico de la obra, así como el vídeo subido a Yoputube exponiendo el estado aproximado de la zona tras la obra” forman parte del “trabajo pagado por todos los ciudadanos, que consta en esa administración pública en sus distintos soportes, y que por tanto deben facilitarlo sin más trabas”.
A su entender, la falta de contestación en plazo supone una infracción del artículo 52.3.b de la Ley 1/2014, de 14 de junio, de transparencia pública de Andalucía.
