El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha recordado que el Ayuntamiento de Algeciras solicitóen su día las ayudas ofrecidas por la Diputación Provincial de Cádiz, a través del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano dentro de su Programa de Cooperación para paliar los efectos del alga asiática invasora en el litoral gaditano.
Este programa, cuyo objetivo principal es otorgar ayuda económica a los municipios gaditanos afectados para cubrir los gastos extraordinarios derivados de la limpieza y eliminación de las arribazones de Rugulopterix Okamurae, ha permitido al Ayuntamiento contar con un subvención máxima de 20.000 euros. Gracias a estas aportaciones y al trabajo de la administración local se han retirado en lo que va de año más de 115 toneladas de algas.
Esta subvención, asegura el primer edil, “ha permitido fortalecer las acciones para preservar el entorno marino y proteger el turismo costero, fomentando la recuperación de la belleza natural de las playas de Algeciras y sus alrededores”.
“Una vez concluidas las actuaciones con cargo a esta subvención, el Ayuntamiento de Algeciras volverá a concurrir a las próximas convocatorias, que junto con los trabajos realizados con los medios propios, contribuirán a que nuestros vecinos y visitantes puedan disfrutar de las playas en perfectas condiciones”, insiste Landaluce.
La primera autoridad municipal concluye lamentando que el Gobierno central haya sido “la única administración que no sólo no ha librado aportaciones económicas para la retirada de las algas, sino que, lo que es más grave, está haciendo dejación de funciones ya que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene una responsabilidad directa a la hora de actuar en un asunto que va camino de convertirse en una catástrofe medioambiental”.
En los últimos años se ha intensificado la lucha contra el avance de las algas invasoras que afectan gravemente al medio ambiente y los sectores económicos, especialmente el turismo y la pesca. El alga asiática invasora, Rugulopterix okamurae, ha sido objeto de una preocupación constante para los municipios afectados, que se enfrentan a una que problemática no solo impacta negativamente en la salud de los ecosistemas marinos, sino que también conlleva pérdidas económicas para los municipios y sus residentes.