Los propietarios de algo más de 70 parcelas en la finca El Albalate, de San Roque, denuncian la, para ellos, inexplicable exclusión de sus terrenos del Plan de Regularización que está llevando a cabo el Ayuntamiento para normalizar urbanísticamente la situación de más de 500 asentamientos ilegales en la zona de El Albarracín desde hace varias décadas.
Los afectados solicitan amparo ante una situación que consideran injusta, en tanto entienden que se aplica una “distinta vara de medir” con respecto a otros asentamientos pendientes de regularizar. Y es que, tras trasladar su caso a la delegación municipal de Urbanismo, esta les ha contestado que la integración en el plan es imposible puesto que el expediente se ha incoado por la Junta de Andalucía y se trata de “una parcelación ilegal” con expediente abierto en la actualidad por el ente autonómico.
Ellos rechazan esta interpretación, toda vez que en el caso de las viviendas regularizadas a través del nuevo PGOU de La Línea como suelo urbano no consolidado, a través de una solución urbanística, como sería el citado Plan de Regularización que está aplicándose en el resto de El Albarracín, se acabaría cerrando también el proceso judicial.
Los demandantes aseguran que adquirieron de manera legal sus terrenos, calificados como rústicos, para un uso únicamente agropecuario, a través de una inmobiliaria, y con pago de impuestos derivados del registro catastral, y que, salvo casos muy contados –que están derivados incluso por lo penal- no hay construcciones ni viviendas, solo cultivos y algunas gallinas, en ciertos casos. Alegan, asimismo, que lindan a pocos metros con unos huertos de ocio utilizados para actividades divulgativas por el Ayuntamiento que tienen también construcciones.
Días después de la negativa de Urbanismo, lograron llevar el caso a pleno, donde su argumentación fue rechazada de plano por el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, quien les dijo que su caso no era comparable con el de los huertos de ocio e incluso les acusó de provocar un impacto ambiental en la zona. Aquí, una vez más, los vecinos ven una “distinta vara de medir” por parte del regidor con respecto al resto de El Albarracín, cuya regularización justificó el primer edil con la posibilidad de solucionar un problema de varias décadas y poder llevar allí servicios públicos. Los vecinos de El Albalate recuerdan que en los 500 asentamientos de El Albarracín, la inmensa mayoría con edificaciones construidas y expedientes incluso con orden de derribo, y que no se debería, por ello, hacer una diferenciación con ellos y marginarlos en este proceso de regularización.
Contexto
Como explicó el Ayuntamiento de San Roque en un comunicado a finales de 2023, el ente municipal solicitó a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que se iniciaran los trámites de la Evaluación Ambiental Estratégica para el Plan Especial del Paraje de El Albarracín, y poco después se remitió a la Delegación Territorial de dicha consejería la documentación requerida. En octubre, el Consistorio recibía el denominado “documento de alcance”, que fija los requisitos que debe cumplir el Consistorio en el marco de dicho estudio ambiental, y se establece un plazo máximo de 15 meses para su aprobación .
Ese es, por tanto, el plazo con el que cuentan los vecinos de El Albalate para que se les incluya en esta regularización.
El plan especial tiene directrices en distintas materias, como aguas, valoraciones económicas de las infraestructuras necesarias, las medidas de protección a flora y fauna, el respeto a las vías pecuarias y, también, unas sugerencias aportadas por el movimiento ecologista, como las referentes a espacios de valor arqueológico”.
Ruiz Boix hacía también un llamamiento a los propietarios de El Albarracín para que también cumplan con su parte, ayudando al Ayuntamiento cuando sea preciso recabar la información necesaria. Y, sobre todo, con el compromiso de que, una vez que se consiga la aprobación del Plan Especial, arrimen el hombro en la financiación de las infraestructuras necesarias, “porque no es de recibo que toda la población del municipio tenga que afrontar con sus impuestos unos gastos que se derivan de una situación irregular atribuible a unos pocos”, concluyó Ruiz Boix.
