La vivienda, la financiación autonómica, la inmigración y la escasez de personal en el ámbito sanitario son los cuatro temas, todos ellos claves en el debate político, que se tratarán en la Conferencia de Presidentes que se reunirá el próximo viernes en Santander.
Estos cuatro asuntos fueron incluidos en el orden del día en el Comité preparatorio de la Conferencia que se reunió el pasado 28 de octubre, donde el Gobierno propuso abordar la problemática de la vivienda y acepto incluir los restantes asuntos a instancias de la mayoría de los ejecutivos autonómicos.
Vivienda
Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 30 de julio que en septiembre iba a abrir el proceso para celebrar esta XXVII Conferencia de Presidentes autonómicos ya anticipó que el tema "fundamental" sería la dificultad en el acceso a la vivienda, una de las grandes preocupaciones de la sociedad española, como reconocen todos los partidos.
El jefe del Ejecutivo subrayó que la carestía de la vivienda es uno de los ejes centrales de la política de su Gobierno porque resulta un "drama" para muchos ciudadanos y por ello reiteró su compromiso de construir o poner a disposición de quienes lo necesitan 180.000 viviendas a precio asequible en el conjunto de la legislatura.
Hace solo unos días, en el Congreso Federal de Sevilla, Sánchez anunció la creación de una empresa estatal de vivienda que posteriormente la ministra del área, Isabel Rodríguez, tras apuntar que el Gobierno lleva un año trabajando en ello, concretó que saldrá de una transformación de la actual entidad estatal de suelo Sepes.
También el PP ha colocado este tema entre sus prioridades y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que ha recordado que esta es una competencia autonómica, ha planteado en los últimos meses un plan de vivienda, movilizar más suelo para construir más pisos y establecer reducciones y deducciones fiscales que favorezcan en este ámbito fundamentalmente a los jóvenes.
Financiación autonómica
El segundo tema, en el orden en que fue anunciado el 28 de octubre por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el de la reforma del sistema de financiación autonómica, está sobre la mesa desde que el modelo actual, aprobado en 2009, caducó hace diez años, y ha cobrado mayor protagonismo tras el pacto entre socialistas y ERC que plasma un régimen singular para Cataluña.
En medio de una tormenta de críticas procedentes de todos los gobiernos autonómicos del PP y de algunos socialistas, como el castellanomanchego de Emiliano García-Page, Pedro Sánchez adelantó a principios de septiembre que impulsaría un nuevo sistema de financiación autonómico "más justo", que reduzca las diferencias territoriales y en el que todas las comunidades recibirán más recursos.
Fue en el acto de apertura del curso político, donde se comprometió a que "todas y cada una de las comunidades autónomas recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular" y señaló que para ello se duplicará el fondo de compensación interterritorial.
La gran mayoría de los presidentes autonómicos que han participado en la reciente ronda de reuniones convocadas por Sánchez en Moncloa le han expresado su rechazo frontal a que el Gobierno negocie una financiación singular con ninguna comunidad -léase Cataluña- y el jefe del ejecutivo les dio a todos garantías de que nada se aprobaría fuera de un marco multilateral, que en todo caso sigue viendo compatible con el bilateral.
De hecho, el debate llegó también al Congreso Federal del PSOE, en el que finalmente se pactó internamente que el nuevo modelo "será aprobado de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin perjuicio de la relación bilateral del estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos".
Inmigración
La cumbre autonómica de Santander buscará también un acuerdo en el tema migratorio, sobre el que el Gobierno, comunidades, oposición e incluso algún partido del bloque de la investidura, como es Junts, mantienen diferencias que han hecho imposible ni siquiera llegar a debatir en el Congreso la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de los menores migrantes no acompañados.
Este es un asunto que preocupa en toda España, pero especialmente en Canarias y en Ceuta, que vienen clamando por un acuerdo que aligere la presión migratoria que padecen, y el Gobierno ha manifestado, en numerosas ocasiones por boca del ministro Torres, que le "encantaría" que de la Conferencia de Presidentes pudiera salir un acuerdo de consenso.
Consenso que se intuye complicado, tras medio año de negociaciones fallidas, después de que el líder del PP advierta de que insisten en no habrá acuerdo si el Gobierno no acepta el texto que Feijóo pactó con Canarias y que incluye que el Ejecutivo central costee la acogida cuando los menores superen el 100 % de las plazas y asuma en primera persona la gestión cuando los centros rebasen el 150 % de su capacidad.
Personal sanitario
En cuanto al cuarto asunto, varias comunidades propusieron específicamente incluir en el orden del día de la Conferencia la falta de personal sanitario que, como vienen afirmando numerosos gobiernos autonómicos, impide dar una solución a problemas como el incremento de las listas de espera.
La demanda es antigua, tanto que Núñez Feijóo ya exigió una solución para esta escasez de profesionales en la Conferencia de Presidentes de diciembre de 2021 cuando estaba al frente de la Xunta de Galicia, es cierto que entonces en plena pandemia de covid.
Aunque el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha planes, como el de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, la situación no ha mejorado significativamente y los presidentes del Gobierno y de las comunidades autónomas volverán sobre él el próximo viernes.
