El Partido Popular ha solicitado al Gobierno español que se movilice para impedir que Gibraltar salga de la lista europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales, pues continúa siendo un territorio demasiado laxo respecto a sus compromisos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Para el PP, solo una presión política extraordinaria puede impedir que la Comisión Europea no vuelva a poner sobre la mesa la reforma del Reglamento Delegado (UE) 2016/1675.
En abril de 2024, gracias a la posición defendida por el PP, el Parlamento Europeo objetó la decisión de excluir a Gibraltar de dicha lista, con el argumento que no había clarificado su posición respecto a las sanciones económicas contra Rusia. Sin embargo, está prevista una nueva revisión del estatus en los próximos meses.
Montserrat manifestó que “la debilidad internacional del Gobierno de Pedro Sánchez puede llevar a dejar en la indefensión a España y el Campo de Gibraltar”. “No vamos a tolerar que se pase por alto la pérdida fiscal que inflige Gibraltar cada año a los países -- especialmente a España-- que se calcula en cerca de 7.000 millones de dólares estadounidenses”, destacó.
“Mientras el Campo de Gibraltar sigue sufriendo la competencia desleal y sus autoridades luchan contra las mafias y los traficantes, el Peñón vive del juego y elude sus responsabilidades fiscales”, añadió.
En este sentido, indicó que no debería ni plantearse un escenario en el que se saque a Gibraltar de la lista de territorios sospechosos sin que el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar post-Brexit esté concluido, y su contenido, siga siendo desconocido.
OPACIDAD Y MUY BAJA TRIBUTACIÓN
La diputada europea del Partido Popular, Isabel Benjumea, recalcó que es evidente que Gibraltar cumple las condiciones de un paraíso fiscal: opacidad y muy baja tributación. “Gibraltar incumple el artículo 16 del Convenio sobre la financiación del terrorismo, como se destaca en el último informe del GAFI, lo que supone un grave riesgo para la UE. En segundo lugar, con una población de apenas 34 000 habitantes, tiene un PIB per cápita de 108 000 dólares, el segundo más alto del mundo, solo superado por Luxemburgo”, planteó.
Además, criticó que las negociaciones sobre el acuerdo UE-Reino Unido se están llevando a cabo con total opacidad, y aún no se conocen las medidas que se incluirán para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. “Esa aclaración resulta aún más necesaria ahora, dado que son ampliamente conocidas las ventajas financieras y tributarias que aplica el Peñón, por lo que esperamos que la vicepresidenta Ribera evite que la Comisión vuelva a poner sobre la mesa esta cuestión, que tendría fuertes consecuencias sobre el Campo de Gibraltar”, indicó.
Se trata, dijo, de hacer valer las repercusiones socioeconómicas para la región, pero también de velar por la estabilidad y la buena gobernanza de una puerta exterior vulnerable de la Unión Europea a un tercer país.
El PP considera que Gibraltar debe seguir colaborando con MONEYVAL (Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, un organismo dependiente del Consejo de Europa), pues Gibraltar no ha demostrado su cumplimiento total con el artículo 16(2) de la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo.
De hecho, Gibraltar se aprovecha de la venta de productos sujetos a impuestos europeos sobre el alcohol, el tabaco y los derivados del petróleo, de los juegos de azar en línea y de las actividades de las sociedades residentes exentas del impuesto sobre la renta por los beneficios derivados de actividades realizadas fuera de su territorio.
Gibraltar alberga más de 14.000 empresas activas, lo que equivale a una empresa por cada 2,4 habitantes. Sin embargo, la mayoría de estas son «sociedades ficticias», lo que erosiona la base imponible de los Estados miembros de la UE y socava la cooperación fiscal.
“Europa debe dejar de tolerar estas prácticas, ya que socavan la justicia fiscal, erosionan la base imponible y perjudican las economías de los Estados miembros. Es hora de actuar con decisión y reconocer a Gibraltar como paraíso fiscal”, recalcó Benjumea.
