El personal de la Universidad de Málaga (UMA) continúa el calendario de movilizaciones en defensa del Sistema Universitario Público Andaluz y contra los “graves y reiterados incumplimientos” por parte de la Consejería de Universidades del Modelo de Financiación y de los acuerdos firmados por las organizaciones sindicales. Este miércoles la protesta se ha desplazado a la Delegación del Gobierno andaluz, donde Isabel Ruíz, delegada del sindicato de Apoyo Mutuo y profesora titular de la UMA, ha alzado la voz para dejar claro que “los rectores que nos estamos encontrando por la falta de financiación está imposibilitando que podamos desarrollar nuestro trabajo en unas condiciones dignas”: “El profesorado no puede trabajar con solvencia y tranquilidad, porque no se garantiza su derecho a la estabilización laboral y de promoción interna, viendo como sus contratos se acaban y se van a la calle”. De la mima forma, la “falta” de financiación está afectando a los proyectos de investigación y la contratación de investigadores.
“No se garantiza su derecho a la estabilización laboral y de promoción interna, viendo como sus contratos se acaban y se van a la calle”Pablo Mateo Ruíz, como representante de los investigadores temporales de la UMA, ha asegurado que la “infrafinanciación” va a “perjudicar aún más nuestros derechos”, porque “va a hacer que las ya de por sí escasas vías de estabilización que existen, se vayan a ver prácticamente cortadas en los próximos años y se dé una fuga de cerebros”. Además, ha lamentado, son el personal que tiene los sueldos “más precarios, que no nos dan para independizarnos en una ciudad como Málaga”.
Tal y como ha denunciado Antonio Sánchez, delegado de CCOO en la UMA, estos problemas de financiación se suman a los “recortes de la Junta de más de 300 millones de euros que venían sufriendo las Universidades Públicas Andaluzas desde 2019”. “Están provocando que perdamos calidad en beneficio de las universidades privadas”, sobre todo, en la provincia malagueña donde aterrizan nuevas universidades privadas”: “El gobierno andaluz ya no esconde su plan, que no es otro que asfixiar económicamente a las universidades públicas para que las universidades privadas se nutran de profesionales con una alta cualificación y de alumnado para sus aulas”. Estos nuevos centros costarán de media más de 12.000 euros en matrícula por curso académico.
Lillia Matas, como representante de los estudiantes, ha insistido en que los “recortes” económicos “también afectan a los alumnos, haciendo más precaria la docencia”.
Según los datos ofrecidos por el presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), para solventar esta situación, se necesita una inyección adicional de 103,3 millones de euros en gastos de personal (Cap. I) en el Sistema Universitario Andaluz. Los sindicatos han anunciado que habrá más protestas en marzo, abril y mayor hasta terminar en una huelga general en los universidades públicas de Andalucía.
