El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado el sistema para calcular el precio máximo de la bombona de butano, con el objetivo de "reconocer los costes reales de la actividad de distribución", tras las amenazas del sector de suspender de forma indefinida el reparto domiciliario si no se tomaban medidas para garantizar su viabilidad.
En concreto, el gabinete dirigido por Sara Aagesen ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial por la que se actualiza este sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de la popular bombona de butano.
Según informó el Ministerio, el nuevo sistema actualiza los costes de comercialización, "lo que servirá para retribuir adecuadamente la actividad de distribución, garantizando el abastecimiento de los consumidores, con una incidencia limitada en el precio final de las bombonas".
El precio máximo de la bombona de butano no está liberalizado. Desde 2015 su valor se revisa bimestralmente, en función del coste de la materia prima (el propano y el butano), el transporte (los fletes) y el tipo de cambio euro-dólar. Este cambio bimestral está limitado al 5% al alza o a la baja, acumulándose el exceso o el defecto para su aplicación en posteriores revisiones, al objeto de tener precios más estables y modular la incidencia sobre los consumidores.
El Ministerio señaló que, con el objetivo de garantizar la adecuada prestación de un servicio básico para un grupo amplio de población, ha actualizado el sistema de cálculo del precio máximo de la bombona para "reconocer, fundamentalmente, los costes reales de la actividad de distribución".
Asimismo, subrayó que el nuevo modelo recoge las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "actualizando partidas cuyas referencias habían quedado desfasadas, como costes de personal, conservación, mantenimiento o arrendamientos, e introduciendo otros elementos para hacer frente a nuevas necesidades".
Según los cálculos del Ministerio, de haberse aplicado la nueva metodología en la revisión del pasado enero, la subida sería equivalente a 1,36 euros por bombona, un 8,1% más que el precio vigente, pero menos de una tercera parte del 26% de aumento del IPC registrado desde 2015, año de la última actualización. El último precio máximo de venta al público de la bombona de butano, fijado el pasado mes de enero, se situó en los 16,64 euros.
SUBIDA GRADUAL, CON UN MÁXIMO DE 20 CÉNTIMOS ADICIONALES.
Además, esta subida se aplicará de un modo gradual, ya que la actualización de costes no podrá implicar un incremento superior a 20 céntimos de euro adicionales a la aplicación del límite de incremento de precio del 5% bimestral hasta que se normalice la situación.
La propuesta del Ministerio también incluye otras medidas solicitadas por el sector de la distribución -el más perjudicado por la transformación del mercado-, como aumentar de 48 horas a 72 horas el plazo máximo de entrega de las bombonas, lo que permitiría reducir costes en ámbitos rurales dispersos.
REVISIÓN CADA TRES AÑOS, EMPEZANDO EN 2026.
Además, para minimizar el riesgo de futuros desfases, se plantea que la CNMC revise la fórmula de cálculo del precio de la bombona cada tres años, empezando en 2026.
En los últimos años se han dado situaciones que han ocasionado un impacto económico relevante en el sector energético, como la pandemia o la invasión de Ucrania, que han contribuido a modificar la estructura y las características del mercado y de la actividad de las empresas que operan en el ámbito del butano, afectando negativamente a su rentabilidad.
A ello se suma que es un mercado en retroceso: en las últimas dos décadas las ventas se han reducido un 50%, hasta las 700.000 toneladas anuales, pero con un peso importante en zonas rurales.
Esto ha generado un cierre progresivo de agencias de distribución, una descapitalización de las empresas presentes y una reducción de inversiones, lo que podía afectar al suministro y la calidad del servicio ofrecido a los consumidores finales, al incurrir las empresas en pérdidas y ponerse en riesgo su viabilidad, añadió el Ministerio.
EL SECTOR DEMANDABA UNA SUBIDA DE 1,8 EUROS POR BOMBONA.
La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) demandaba una subida de 1,80 euros por bombona para poder cubrir costes operativos como salarios, transporte y mantenimiento de flotas, esenciales para la garantizar la sostenibilidad del servicio de reparto a domicilio, un servicio público esencial.
Y es que el sector de los repartidores de butano había llevado a cabo a finales del año pasado jornadas de suspensión temporal del servicio y había amenazado con una huelga indefinida ante una situación que consideraban "crítica", debido a "una grave pérdida" de rentabilidad y que requería de "medidas urgentes para garantizar su viabilidad".
Por ello, había pedido una modificación "inminente" de la normativa que regula el precio máximo del GLP envasado, en línea con la necesidad de actualización de los costes de comercialización, que reflejara los incrementos en los costes operativos que enfrentan los distribuidores, en lo referente al transporte, el almacenamiento y la logística de distribución, así como el resto de los costes de comercialización.
