La plataforma Tarifa no ve vende ha presentado un escrito de alegaciones ante el Ayuntamiento a la modificación del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUO-LI.01-2 Los Lances, argumentando que ha detectado que el proyecto presentado era manifiestamente incompatible con la normativa urbanística vigente. También ha trasladado sus objeciones al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria en curso en la Delegación en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.
El proyecto en cuestión contempla la construcción de una macro urbanización en la zona norte de Los Lances (frente a la zona popularmente conocida como los carriles), que incluiría 740 viviendas (plurifamiliares y unifamiliares), 1.360 plazas hoteleras, equipamientos turísticos y 87.879 m² de zonas verdes, ocupando una superficie total de 622.000 metros cuadrados, es decir, el equivalente a más de sesenta estadios de fútbol. Este desarrollo colinda con el río Jara, la carretera nacional 340 y el restaurante La Codorniz, y Tarifa no se vende sostiene que compromete gravemente el equilibrio territorial y medioambiental del municipio por sus dimensiones, su ubicación y la enorme exigencia de recursos que demanda.
La plataforma asegura que defiende con absoluta determinación, el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones urbanísticas que afectan a su municipio.
Asegura que este caso evidencia, una vez más, la necesidad perentoria de que la ciudadanía de Tarifa participe directamente en el desarrollo urbanístico de su territorio que es clave para atajar las demandas más acuciantes de la población y para planificar socioeconómicamente el municipio de manera racional. Recuerda a los representantes políticos que su deber es servir al interés general y no a intereses particulares, sin embargo, por ahora, solo la vigilancia activa de la ciudadanía organizada contiene a la especulación inmobiliaria que pone en peligro el futuro de la mayoría social del municipio.
Tarifa no se vende explica que defiende un modelo de municipio sostenible e incompatible con la avalancha de proyectos urbanísticos mencionados en la publicación de Europa Sur del 24 de marzo de 2025. “Estos planes utilizan la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) como una estrategia para silenciar a la ciudadanía y justificar urbanizaciones que tratan el territorio como un bien de consumo desechable. A quienes impulsan estas construcciones poco les importan los recursos disponibles ni el coste real de mantener estas infraestructuras, cuya carga económica terminará recayendo en toda la comunidad”, concluye la plataforma ciudadana.
