El primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz Madrid, y la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, María Solanes, han anunciado que, durante la Junta de Portavoces, se le ha explicado a los demás grupos políticos que, para el próximo Pleno del mes de marzo, basándonos en el informe emitido por el consejo de Transparencia y Protección de Datos, así como al informe posterior elaborado y ratificado por el delegado de Protección de Datos, la coordinadora responsable de los Servicios Jurídicos y el secretario general del Ayuntamiento, se establecerá un nuevo mecanismo para el equilibrio entre el derecho a la información de los concejales y el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
En este sentido, Muñoz ha señalado que “este es un tema crucial en el ejercicio de nuestras responsabilidades públicas. No es un debate nuevo, pero sí necesario, especialmente cuando nuestro Equipo de Gobierno ha decidido aplicar un mecanismo generoso para garantizar la transparencia y el acceso a la información, sin menoscabar la confidencialidad y la protección de los datos personales” y ha explicado que “aunque el derecho a la información de los concejales es incuestionable y está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, no es absoluto, pues está limitado por la protección de datos de carácter personal, la privacidad de los ciudadanos y el respeto a principios fundamentales que garantizan un gobierno responsable y garantista”.
Así, el primer teniente de alcalde ha informado de que “hemos propuesto un mecanismo por el que los veintisiete concejales podrán acceder a los decretos, tras haber firmado cada uno de ellos, redactado por los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento. Si no lo hicieran, no se podrá dar cuenta de los decretos par el próximo Pleno por parte del Equipo de Gobierno” y ha añadido que “esta medida no restringe el acceso a la información, sino que establece una garantía para que dicho acceso se realice en un marco de responsabilidad y seguridad jurídica. No se está impidiendo que la oposición conozca la información relevante, sino que se están estableciendo las salvaguardas necesarias para evitar que datos personales de los ciudadanos puedan ser utilizados de forma inadecuada o fuera de su contexto administrativo”.
“Instamos a todos los grupos a asumir con responsabilidad este mecanismo y a comprender que la transparencia no puede ser sinónimo de desprotección. Estamos abiertos al diálogo y a seguir fortaleciendo las garantías democráticas, pero siempre dentro del marco legal que nos obliga a proteger la intimidad de nuestros ciudadanos” ha concluido.
Por su parte, Solanes ha aseverado que “el Consejo de Transparencia y Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos son muy sensibles en lo relativo a la normativa de protección de datos e imponen sanciones muy severas en el supuesto de incumplimiento de la misma, por lo que este ayuntamiento no debe asumir riesgos en esta materia”.
“Esto incluye los datos proporcionados a los concejales. ¿Dónde acaba el derecho a la información y fiscalización de la Corporación Municipal y donde empieza el derecho a la protección de datos de una persona que recibe una ayuda social, o de quien pide una licencia de un vado, o de quien ha solicitado un plan de pago prorrateado de Gestión Tributaria? Esto no es un tema banal” ha manifestado la delegada.
Por último, ha asegurado que “siempre hemos defendido el derecho a la información y la transparencia tal, como viene recogido en la normativa, pero para este equipo de gobierno las personas están en el centro de nuestra gestión, y conforme a lo que establece la ley, debe primar su derecho a la intimidad”.
