El Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Algeciras tramita una demanda del ex alcalde Diego Sánchez Rull contra el ayuntamiento algecireño, por impago de su defensa penal en el conocido como caso Fitonovo, que terminó con su total absolución ante la Audiencia Nacional.
Los hechos se remontan a 2010 cuando se produjo la licitación y adjudicación del contrato de construcción y explotación de los derechos sobre el antiguo polideportivo algecireño El Calvario, a través de su sociedad participada Body Factory Gestión y la entidad Fitonovo.
Diego Sánchez Rull, del PSOE, desempeñó los cargos de concejal delegado de las áreaas de Urbanismo, Personal y Contratación desde el 15 de marzo de 2005 al 15 de octubre de 2010, y ostentó la alcaldía de Algeciras desde el 15 de octubre de 2010 a 11 de junio de 2011.
La Audiencia Nacional le declaró inocente de todos los cargos tras un proceso que duró doce años y que supuso unos costes de defensa elevados y su salida definitiva de la política. Junto a Sánchez Rull estuvieron imputados otros funcionarios, caso de José Álvarez Ruiz, Francisco Javier Malla, José G. Alberola Visedo y Tomás Herrera Hormigo. Todos ellos tuvieron una defensa jurídica cuyo coste fue asumido por el ayuntamiento de Algeciras, entidad que abonó a cada unas cantidades cercanas a los veinte mil euros a pesar de que ninguno de ellos se sentó en el banquillo y fueron exculpados muy al inicio de proceso.
El ayuntamiento de Algeciras limitó la cobertura de la defensa de Sánchez Rull a veinte mil euros cuando la defensa se elevó a 136 mil euros, por lo que se le reclamen 115 mil euros que el ayuntamiento se niega a asumir.
Se da la circunstancia de que el ayuntamiento tenía contratada una póliza de seguro que cubre los costes de dicha asistencia y que nunca fue comunicada al ex regidor, ni tampoco fue usada para abonar los costes de defensa del resto de funcionarios, con lo que no habría tenido que asumir de forma directa gastos alguno. La propia letrada coordinadora de los servicios jurídicos municipales de Algeciras emitió un informe favorable a su abono indicando la procedencia de que se cubrieran sus gastos al amparo del artículo 75.4 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, que ordena los miembros de las corporaciones locales perciban indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo.
Fue la actual teniente de alcalde y entonces concejala delegada de Patrimonio y presidenta del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Algeciras, María Solanes Mur, del Partido Popular, la que limitó el pago a la suma de veinte mil euros en función de un acuerdo de pleno de 26 de febrero de 2021, en el cual se habrían fijado normas sobre asistencia jurídica a los cargos públicos municipales, que según fuentes jurídicas consultadas iría en contra de lo que la propia ley reconoce a los funcionarios o personal al servicio de las corporaciones locales.
Al parecer existirían dos informes elaborados por el mismo secretario del ayuntamiento de Algeciras con fecha 22de marzo de 2023 donde se llegaba conclusiones distintas, que seis días más tarde fue modificado.
En el indicado acuerdo del pleno municipal se acordó que el ayuntamiento de Algeciras suscribiría una póliza de seguros con objeto de garantizar la defensa jurídica de sus empleados públicos, cuando dicha póliza ya existía con anterioridad
El Tribunal no consideró probado, en una sentencia con más de 250 folios, que Diego Sánchez Rull cobrase 148.000 euros para alterar el concurso que adjudicó a Body Factory Gestión el contrato de construcción y explotación del polideportivo El Calvario. La sentencia corroboró que la adjudicación del Body Factory se realizó según los criterios de los técnicozs municipales.
