Los detenidos en el desahucio de Caulina piden responsabilidades por el trato policial
El grupo de Apoyo contra la Represión en Caulina (Areca) denuncia que entre los detenidos hay jóvenes que tienen ?secuelas? por el trato que reci
Los doce integrantes del movimiento del 15-M de Jerez que fueron detenidos el pasado 30 de septiembre durante el desahucio de una vivienda ubicada en la barriada rural de Caulina, pedirán responsabilidades civiles por la “agresión brutal” que, según afirman, recibieron por parte de los agentes antidisturbios que intervinieron en la protesta “pacífica” que realizaron ante la casa de la familia que fue desalojada.
Como resaltaba Magdalena Bello, del Grupo de Apoyo contra la Represión en Caulina (Areca), decenas de miembros de este colectivo y de la plataforma Democracia Real Ya se concentraron en la mañana de ayer con pancartas a las puertas de los juzgados jerezanos para “solidarizarse” con los detenidos, que habían sido citados por el médico forense, y aseguró que algunos de los reseñados han facilitado al mismo los partes médicos con las “lesiones” que sufrieron ese día, tras afirmar que hay casos de jóvenes que tienen “secuelas” por el trato que recibieron de los agentes del 091.
En este sentido, Bello criticó que el proceso judicial que está en marcha es “injusto”, ya que se han visto sometidos al mismo “solo por demostrar compromiso social, reclamando un cambio necesario que asegure el derecho a una vivienda digna y adecuada, en una acción pacífica de protesta ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos para hacer frente a su hipoteca”. Desde el colectivo también recuerdan que aquel día “la crueldad se expandió más allá del hecho humillante de perder la vivienda ante los especuladores, y se apoderó de los allí presentes como pudo verse en las imágenes, al perderse otros Derechos Fundamentales como el derecho a la integridad física, a la libertad y la seguridad, a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, el derecho a reunión pacífica y a la participación directa”.
Asimismo, la portavoz de Areca cuestionó que quince personas -los doce integrantes de este movimiento y otros tres vecinos de la zona- estén inmersas en un proceso judicial tras ser detenidos “arbitrariamente” y “sólo por demostrar su compromiso social”.
“Nuestros compañeros fueron empujados, arrastrados y golpeados, heridos en sus cuerpos y en su dignidad, amontonados durante un largo tiempo, a oscuras en un furgón sin ventilación entre vómitos y desmayos”, recordaban ayer, lamentando que se pretendiera doblegar la protesta “con represión, dinamitando la moral de los grupos activos y desgastando a base de golpes, procedimientos y procesos de criminalización a quienes deciden no obedecer sin criterio sino hacer ruido sobre problema común”.
Como resaltaba Magdalena Bello, del Grupo de Apoyo contra la Represión en Caulina (Areca), decenas de miembros de este colectivo y de la plataforma Democracia Real Ya se concentraron en la mañana de ayer con pancartas a las puertas de los juzgados jerezanos para “solidarizarse” con los detenidos, que habían sido citados por el médico forense, y aseguró que algunos de los reseñados han facilitado al mismo los partes médicos con las “lesiones” que sufrieron ese día, tras afirmar que hay casos de jóvenes que tienen “secuelas” por el trato que recibieron de los agentes del 091.
En este sentido, Bello criticó que el proceso judicial que está en marcha es “injusto”, ya que se han visto sometidos al mismo “solo por demostrar compromiso social, reclamando un cambio necesario que asegure el derecho a una vivienda digna y adecuada, en una acción pacífica de protesta ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos para hacer frente a su hipoteca”. Desde el colectivo también recuerdan que aquel día “la crueldad se expandió más allá del hecho humillante de perder la vivienda ante los especuladores, y se apoderó de los allí presentes como pudo verse en las imágenes, al perderse otros Derechos Fundamentales como el derecho a la integridad física, a la libertad y la seguridad, a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, el derecho a reunión pacífica y a la participación directa”.
Asimismo, la portavoz de Areca cuestionó que quince personas -los doce integrantes de este movimiento y otros tres vecinos de la zona- estén inmersas en un proceso judicial tras ser detenidos “arbitrariamente” y “sólo por demostrar su compromiso social”.
“Nuestros compañeros fueron empujados, arrastrados y golpeados, heridos en sus cuerpos y en su dignidad, amontonados durante un largo tiempo, a oscuras en un furgón sin ventilación entre vómitos y desmayos”, recordaban ayer, lamentando que se pretendiera doblegar la protesta “con represión, dinamitando la moral de los grupos activos y desgastando a base de golpes, procedimientos y procesos de criminalización a quienes deciden no obedecer sin criterio sino hacer ruido sobre problema común”.
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