Se trata de la primera vez en la historia que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se enfrenta a un expediente sancionador por convocar una manifestación pública en la ciudad de Cádiz. Tras la cacerolada del pasado 11 de abril, frente a la sede del Partido Popular en la calle Cánovas del Castillo, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz inició ese expediente porque según se indica en el mismo la APDHA no informó de esa actividad para tener la pertinente autorización.
Diego Boza, abogado y miembro de la Asociación, explica que las reuniones públicas no están sujetas a un régimen de autorización según el artículo 21 de la Constitución española.
Lara ha asegurado que la Asociación recurrirá la multa impuesta en el expediente, de 301 euros, hasta donde haga falta. Además ha anunciado que para el próximo día 15 de mayo, con motivo del segundo aniversario del 15 M, se está preparando un acto protesta bajo el lema Rodea Hacienda.
