Casi una veintena de personas que compraron unas casas en la aldea de El Rocío han venido sufriendo un calvario, primero con la promotora Vitelmo y posteriormente con la titular del Juzgado de Instrucción nº 11 de Sevilla, Cristina Loma Martínez. La citada magistrada tras más de tres años de instrucción dio carpetazo a la investigación judicial contra Vitemo, a pesar de que, no sólo esos afectados entregaron sumas millonarias por casas inexistentes, sino ni siquiera la empresa llegó a ser nunca la titular de los terrenos. La empresa inmobiliaria entregaba, como garantía de la devolución de las sumas entregadas, un aval que según informaciones policiales, sería falso al no existir ni la empresa avalista ni la persona que en su nombre firmaba los mismos.
La Audiencia Provincial ha venido a revocar la decisión de la controvertida magistrada, y le ordena que, al menos, investigue el destino de los fondos entregados a la empresa promotora, algo que la titular del Juzgado de Instrucción nº 11 había considerado irrelevante. Se da la circunstancia de que el imputado, apoderado de Vitemo, declaró haber suscrito una póliza colectiva con la entidad Milenium y que “compraron” los avales por una suma de 62.000 euros a un intermediario, desconociendo que la empresa avalista Southerm Cross Company realmente no existía.
Tras más de cuatro años, los afectados se encuentran sin casas, sin dinero, con el Ayuntamiento de Almonte que pretende vender los terrenos a otra empresa, y con la empresa inmobiliaria que literalmente ha desaparecido del tráfico mercantil. Los compradores se quejan de forma expresa en la actuación llevada a acabo por la titular del Juzgado de Instrucción nº 11 que se negó a investigar el destino de los fondos entregados a vitemo, y consiguiendo que -según ellos- se “haya perdido un tiempo precioso que hubiera servido para recuperar el dinero”.
Los afectados se quejan del distinto trato que reciben asuntos como éste, de otros como los que tramita la jueza Mercedes Alaya, de la que dicen, “usa todos los recursos y medios existentes para la persecución de los delitos, mientras que en las causas sin repercusión social, que tramitan otros jueces, apenas se usan los medios para investigar a fondo los delitos”, demorándose las instrucciones y haciendo ineficaces las denuncias.
