Ya no son indicios, como decía la Sareb, sino hechos presuntamente delictivos. Una denuncia al respecto  ha sido admitida a trámite por el juzgado número 3 de Sevilla, por la gestión de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en el caso de las VPO Isbylia, promovidas a través de su fundación. Ya no sólo son sus 583 adjudicatarios en Sevilla Este los que denuncian por daños y perjuicios al no tener su vivienda ni poder disfrutarla, sino también los contratistas que realizaron las obras cuando quebró Dolmen los que acusan directamente a los dirigentes de la CEA y de dicha constructora de engañarles y estafarles más de medio millón de euros.

Han sido seis constructores los que han llevado ante los tribunales a siete dirigentes empresariales, a la cúpula de la CEA y de Dolmen Consulting, la constructora que se adjudicó la promoción, que luego entró en concurso de acreedores y cuyos principales administradores también estaban en Nazarí, la empresa que iba a finalizar las obras pero cuyo contrato fue rescindido en 2013, cuando ya la Sareb había tomado el control del préstamo de 50 millones concedidos a la Fundación, de los que al menos 12 no han sido justificados.

El auto que notifica la admisión de la denuncia considera que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por lo que se ha decidido incoar diligencias previas”.

Los constructores señalan  a Santiago Herrero, presidente de la CEA, y a algunos de sus directivos como Juan Salas Tornero y  Antonio Carrillo, además de a uno de los responsables de Dolmen Consulting, Juan Manuel Sanz, aún su administrador solidario y hasta febrero de 2012, consejero y vicepresidente de Nazarí.

Según estos empresarios, Herrero y los otros siete denunciados, en nombre de Dolmen y de la CEA (ésta a través de la fundación, de la que es patrona única) consiguieron que los contratistas hicieran los trabajos para finalizar las obras “a sabiendas de que no iban a pagarles”.

Estafa y fianza

Según la denuncia, admitida a trámite hace un mes y trasladada ya a la Fiscalía, los denunciados lograron “conjurar el peligro que suponían las protestas de los compradores, que estaban pagando sus casas pero que no les habían sido entregadas en la fecha estipulada”.

Estos empresarios aseguran que les adeudan 591.643,69 euros,  por lo que piden que se constituya fianza por ese importe “para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del delito” y demandan que “si no se constituye fianza en el plazo establecido, se proceda al embargo de sus bienes”.

“No nos han pagado y se han valido de un entramado societario de empresas pantalla, mediante el que no nos han abonado las cantidades a las empresas suministradores”, han agregado fuentes de estos denunciantes, quienes aseguran que “hay 14 empresas más que estudian también personarse en el proceso, y que suman en torno a 1,5 millones de euros”.

Las otras denuncias

A la denuncia por la vía penal se une la admitida a trámite en octubre por el Juzgado de Instrucción número 12 y presentada por los afectados, que reclaman 1,1 millones de euros a la Fundación de la CEA  por los “daños y perjuicios” derivados del retraso en la entrega de las viviendas y el no aprovechamiento de las mismas.

Además, deberá ser la Fiscalía la que determine si la auditoría trasladada por la Sareb o “banco malo”, que refleja un desfase en el crédito concedido a la Fundación de la CEA estimado entre 12 y 14 millones de euros, revela algún tipo de infracción penal. La causa podría  trasladarse al juzgado de instrucción 3 que investiga el presunto delito de estafa de los dirigentes de la CEA y de Dolmen.

Entre las irregularidades detectadas por la Sareb, además del agujero de los 12 a 14 millones no justificados y las deudas pendientes, está el hecho de que sea una fundación la que promueva las viviendas, que las dos constructoras que no las finalizaron tengan consejeros coincidentes, y que las cuentas de la aseguradora Millennium (radicada en Gibraltar) no estuvieran garantizadas. 

La Sareb ha solicitado a los juzgados de lo Mercantil que se declare el concurso de acreedores de la fundación para finalizar las obras.

El apunte: La cúpula de la Sicav de la CEA al completo

La denuncia de los contratistas contra la CEA destaca cómo todos los directivos acusados son del consejo de administración de Cartera Andaluza Sicav, que se dedica a captar fondos, a gestionarlos y a reinvertirlos. Entre los consejeros están los citados Antonio Herrero y Juan Salas Tornero, pero también Francisco Herrero, José María Bejarano, Miguel Ángel Pino y Antonio Morera Vallejo, entre otros empresarios.

Millennium ha devuelto “todas las reclamaciones judiciales”

Millennium Insurance está devolviendo “todas las reclamaciones judiciales” que les han llegado de los compradores de las viviendas de la promoción Isbylia, paralizadas desde hace más de un año.

Fuentes de OM Suscriptores de Riesgos (del grupo Morera & Vallejo), entidad que representa a la aseguradora gibraltareña Millennium, han confirmado a Viva que están atendiendo todas las reclamaciones que les han llegado de los afectados por vía judicial, tal y como establece el  seguro de caución de las cantidades entregadas a cuenta.

Las fuentes no han aclarado ni el número de reclamantes a los que se les ha devuelto el dinero ni si incluyen posibles intereses. Los afectados calculan que se han entregado unos 9,5 millones de euros en anticipos.

La situación de estas pólizas, según OM Suscriptores, se encuentra en estos momentos en vía judicial, ya que “no está claro por qué no se han ejecutado las obras”, por lo que todas las reclamaciones que están atendiendo proceden de los juzgados.

Una de las portavoces de los afectados, Maite Gómez, aseguró ayer que alrededor de 200 adjudicatarios renunciarán a sus pisos y pedirán la devolución de esos anticipos, cifrando en un centenar los que ya lo habían pedido.