Si bien meses atrás eran cerca de cien los adjudicatarios de las viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que habían renunciado a las mismas y reclamaban ya la devolución de los anticipos entregados a cuenta, el número de adjudicatarios en esta tesitura "se ha duplicado ya", según ha asegurado a Europa Press Maite Gómez, una de las portavoces del colectivo.
Maite Gómez, además, explica que en estos momentos, de las 583 viviendas protegidas incluidas en la promoción, 73 fueron entregadas en 2012 al quedar finalizadas sus obras, mientras el resto de los pisos esperan desde hace años que concluya su construcción y, en el caso de estas viviendas, sólo siete de sus adjudicatarios han formalizado los préstamos necesarios para acceder a las ayudas estatales autorizadas para respaldar la adquisición de estos pisos.
Dado que este pasado martes expiró el plazo final habilitado para formalizar los préstamos obligatorios para contar con las citadas ayudas estatales, Maite Gómez no oculta que lo previsible es que sean más de 500 las viviendas protegidas que queden finalmente "sin comprador", porque la mayoría de los adjudicatarios se ha negado a formalizar préstamo alguno con las obras de las viviendas aún paralizadas. Y es que la entrega de las viviendas estaba inicialmente prevista para el año 2010.
OLEADA DE RENUNCIAS
Así, "con las obras sin terminar, sin las ayudas estatales y con un mercado de viviendas que ahora ofrece otros precios", para los adjudicatarios, estas viviendas protegidas no suponen ya "ningún beneficio", según Gómez. Por eso, no ha ocultado la idea de que lo más previsible es que la mayor parte de los adjudicatarios acaben renunciando también a los pisos en cuestión y reclamando el dinero anticipado a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa.
En cuanto a la decisión de la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), de elevar a la Fiscalía la supuesta no justificación del destino de los fondos recabados por la fundación para el desarrollo de la promoción de viviendas protegidas, Maite González ha saludado esta medida, pero considera que "llega once meses tarde". En ese sentido, ha recordado los numerosos avisos protagonizados por el colectivo de afectados, que recientemente ha enviado diversas cartas al Ministerio de Fomento y a la propia Sareb.
EL CONFLICTO DE LAS VPO DE LA CEA
Esta promoción de viviendas protegidas parte de la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa', participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios había entregado unos 17.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, en 2009 las obras fueron paralizadas a cuenta de las dificultades financieras de la sociedad 'Dolmen Consulting Inmobiliario', encargada de la gestión de la promoción de viviendas. Desde 2009 hasta ahora, las obras han bailado entre la paralización y escasos periodos de obras y, mientras la gestión de la promoción fue finalmente encomendada a la empresa Nazarí, más de 500 de las viviendas siguen aún sin ser entregadas.
En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el 'banco malo', se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no.
De cualquier modo, serían ya casi 200 los adjudicatarios que han emprendido los trámites necesarios para renunciar a tales viviendas y reclamar la devolución de las partidas económicas entregadas por anticipado, extremo que no cumplen ni la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa ni 'Millennium Insurance', la compañía aseguradora de las partidas entregadas a cuenta por los adjudicatarios. El colectivo, en ese sentido, advierte de que la suma de los anticipos entregados roza los 9,5 millones de euros.
