En el constitucionalismo europeo de la segunda postguerra mundial los mecanismos de democracia directa no tenían lo que se dice una buena reputación. Las experiencias plebiscitarias a las que habían acudido los distintos regímenes totalitarios del continente marcaban, sin duda, esta desconfianza, pero también la idea de que en escenarios donde la integración ideológica es difícil, se deben evitar decisiones maximalistas, entre el sí y el no, que puedan provocar fracturas en convivencia y, en ocasiones, retratar a ciertas minorías como colectivos derrotados y con ello, en cierta medida, desplazados del corazón de la comunidad política.


Los mecanismos propios de la democracia representativa, más abiertos, en principio, a la transacción, parecían los óptimos para integrar sociedades especialmente complejas en los procedimientos de decisión política. Esta es la clave histórica a través de la cual se entiende la regulación del referéndum en la Constitución española del 1978. Más allá de los procedimientos de reforma y revisión de la Constitución, la Constitución regula la institución del referéndum en su artículo 92 con un marcado perfil bajo. El referéndum en España es facultativo, recayendo la iniciativa política para su convocatoria en la exclusiva voluntad del presidente del Gobierno, con la aprobación de la mayoría del Congreso.


Además, el resultado del referéndum no tiene, en ningún caso, carácter vinculante desde el punto de vista jurídico. Pero si de por sí la institución del referéndum posee un perfil bajo en la Constitución, el Tribunal Constitucional se ocupó de neutralizar cualquier posibilidad de dar una nueva dimensión política al artículo 92 de la Constitución, en una jurisprudencia del todo punto discutible, pero en cualquier caso establecida, dictada a propósito del conocido “Plan Ibarretxe”. Según el juez constitucional español, la Constitución no permite consultar a la ciudadanía en referéndum cuestiones que quedaron resueltas y con ello cerradas por el poder constituyente. La única vía para que la ciudadanía se pronuncie sobre esas cuestiones sería la de la reforma constitucional.


No ya un jurista, sino alguien dotado con un mínimo de sentido común podría objetar que el artículo 92, precisamente encuentra su razón de ser en la posibilidad que ofrece para consultar a los ciudadanos sobre si realmente es necesario o no repensar la Constitución, antes de iniciar un procedimiento de reforma. Pero, en cualquier caso, la realidad jurídica es la que es, y por ello, no les falta razón a quienes una y otra vez replican que la vía ortodoxa para que la ciudadanía pronuncie su preferencia entre la continuidad de la Monarquía en la persona de Felipe de Borbón o la República, es la de iniciar una reforma de la Constitución.


Ahora bien, esta realidad jurídica no puede esconder que el Reinado de Felipe VI, si bien nacerá desde la Constitución, lo hará con una mácula en su legitimidad. Desde su coronación Felipe de Borbón debe de empezar a buscar salida al laberinto de ilegitimidad en el que le ha colocado esta situación imprevista. Sin duda, someter a referéndum la preferencia del pueblo español parece la salida más clara y audaz, pero está claro que esa no va a ser la que se va a seguir. La ruta de la legitimidad para Felipe VI pasa por poner la Corona al servicio de la regeneración de un sistema agotado, de tal forma que la propia regeneración del sistema, lejos de cuestionar su vigencia, sea la que dé legitimidad a la Monarquía y con ello a su reinado.


El problema que tiene el futuro Rey para esta empresa es que el margen político que él tiene es mucho menor que el que tuvo su padre en 1978. Sus actos serán más medidos, sus logros más cuestionados. Por otro lado, el sistema ha dado muestras de que su capacidad para regenerarse es más que limitada. En cualquier caso, al contrario de lo que piensan muchos, esta salida del laberinto es posible, y la historia ha dado muestras de cómo, en el mundo racionalista del constitucionalismo, la Monarquía puede hallar inesperados caminos de legitimidad carismática. También cuenta con que son muchos los que quieren que tenga suerte en esta aventura. Si quieren contribuir a ello, alguno ha de decirle que tiene tiempo para vestirse pero que, ahora mismo, anda desnudo aunque lleve la Constitución puesta.