Emitir de forma ilegal en Andalucía, e incluso insertar publicidad en aquellos medios que presten servicio sin licencia, supondrá arriesgarse a multas de hasta un millón de euros. Ese régimen de sanciones es uno de los puntos que contempla la futura Ley Audiovisual de Andalucía, un texto legal cuyo anteproyecto recibió ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta y que pretende poner marco normativo a un sector considerado “clave” en la comunidad pero que se ve lastrado por las actividades irregulares.
Cuando vea la luz, la ley marcará las pautas que deberán cumplir y respetar las más de 500 emisoras de radio y las casi 200 televisiones, públicas y privadas, que emiten en Andalucía. La iniciativa, defendió ayer el consejero de Presidencia, responde a una demanda del sector y es fruto de las conversaciones con todas las partes implicadas. Además de las sanciones contra quien quede al margen de las concesiones, la normativa incidirá en parcelas como los derechos del usuario, la protección de los menores o la participación ciudadana, además de fijar incentivos y ayudas a la creación, producción y exhibición.
